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TRIBUNA

Cruz: dispongo de mil millones (y 2)

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ
10/03/2011

 

No sin cierta alarma por los planes que el Gobierno de David Cameron conjetura para formatear la Universidad Pública del Reino Unido, un grupo de colegas me gira la pregunta, por si mi opinión puede ser contributiva, «¿cuánto vale tu universidad?» (la de León, donde ejerzo). Me están cuestionando, lo explico, si puedo ayudarles a estandarizar un método para ponerle precio a la Universidad de León y por extensión a cualquier otra universidad. Y es que los planes de Cameron, el premier inglés, llueven sobre mojado. Hace tiempo que hemos entrado de hoz y coz en un ciclo político/financiero en el que la estructura universitaria -y la educativa en general-, está siendo sometida a severísimos chequeos. Lo que parecía una auscultación inocente, iniciada a finales del siglo pasado, se ha convertido en los albores del siglo XXI en un pre-operatorio para una entrada segura en quirófano. Unos y otros, de izquierdas y de derechas, se empecinan en averiguar si existe correlato entre inversión realizada en Educación Superior y prosperidad. La conclusión a la que han llegado, y parece que existe consenso, es que no existe relación de causa efecto. El crecimiento económico, resumiendo, no parece ser dependiente de la inversión en educación e investigación, al menos tal como lo estamos haciendo.

Maria Stella Gelmini, ministra de educación del gobierno de Berlusconi e impulsora de la «ley Gelmini» (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00513824.pdf) que tuneará la «alma mater» italiana, incorpora fuertes restricciones financieras para la Universidad Pública, para la actividad docente y para la actividad investigadora, instaurando además el prestito d'onore (préstamo de honor) para los estudiantes, que conceden los bancos, e imponiendo a los rectores la búsqueda de fondos privados en una cantidad equivalente al 20% de sus necesidades presupuestarias. La ley, a su vez, invoca el «principio de justicia» para permitir a las universidades privadas acceder a financiación pública.

La Ley tiene ingredientes singulares y motivo de inquietud no sólo en la comunidad universitaria, por ser de eficiencia y eficacia controvertidas. ¿Es así? Como se le atribuye a Jack el Destripador, vayamos por partes. La Ley Gelmini ha recibido encendidos elogios de la poderosa Confederación Industrial de Italia que lleva décadas lamentándose de que Universidad y Empresa viven de espaldas y no está seguros de «que la culpa sea enteramente suya»; la Ley incorpora la evaluación continua de los docentes, que los investigadores firmen contratos temporales de seis años y se les evalúe al final de dicho proceso, en función de resultados; limita el poder de los rectores; elimina carreras e introduce la privatización de la gestión universitaria. Impide el enchufismo familiar, la abundancia de grandes sagas consanguíneas de profesores y catedráticos, en un intento de minimizar la endogamia. No le auguro nada bueno a la Universidad Pública Italiana.

No obstante, convendría prestar la atención sobre un aspecto que me parece de capital importancia, ya que pudiera cambiar de forma irreversible las reglas del juego dentro del acto educativo universitario. Aunque la idea no es nueva, las reformas italiana y británica y las que se anuncian en el resto de los países europeos, están orientadas en la misma dirección: los estudios universitarios no serán sufragados por las familias y tampoco por el Estado, será sufragados por los propios estudiantes, mediante créditos privados que reembolsarán cuando entren en el mercado laboral. Y los reembolsarán tanto si culminan sus estudios como si abandonan. Un hecho nada inocuo, la carga de la prueba recae en un nuevo sujeto social, y no digo que no deba ser así, si digo que está emergiendo un nuevo sujeto social, el estudiante-cliente, el alumno que se autofinancia y que nos recordará, día si y día también, que es él, sin intermediarios, quien paga la factura y nos da de comer al resto de la comunidad universitaria. Él, directamente. ¿Se sentirá recompensado con la adquisición de un título o exigirá alguna garantía complementaria que haga creíble que tal salvoconducto tiene utilidad práctica? Mis compañeros y yo mismo, hemos concluido, dejándonos llevar por el sentido común, que ocurrirá lo segundo. Cambia la perspectiva y será un cambio dramático en tanto en cuanto la propia Universidad no logre acreditar, por sí misma, los títulos que expide, recuperando autoridad moral sobre el acto educativo. Sin autoridad y prestigio, el cincelado con el propio esfuerzo, no será fácil proporcionar las garantías complementarias que exigirá el nuevo sujeto social, el cliente-alumno, el que nos da de comer de manera directa.

Los centros universitarios de gran prestigio, disponen de fondos suficientes para acometer el acto educativo, para seleccionar a los mejores alumnos, para becarles y para establecer con ellos una alianza estratégica de largo recorrido. Están en el negocio de fabricar élites docentes, investigadoras, empresariales, profesionales o políticas. Un negocio muy sutil, difícil y sacrificado. A nivel domestico, igual que el Muro de Berlín cayó en 1989, la pilastra de la universidad convencional se derrumba ante nuestros ojos. Hace tiempo que la isla universitaria, consagrada a la creación y transmisión de saberes, ha sido sacudida por un gigantesco tsunami tecnológico y social que afecta, sobremanera, a la propia estructuración del conocimiento. Aquí y ahora, las paradojas son muy visibles y no podemos hacernos los distraídos. La educación de masas pertenece a la época de enormes ejércitos, grandes complejos industriales y los intentos masivos de control social. Hemos perdido mucho talento (http://sicodinet.unileon.es/to/).

Bien entiendo la zozobra de mis colegas, y para no quedarnos en un predio baldío («vale-¦, pero la vaca por lo que vale»), sin necesitar del acopio de herramientas bio-inspiradas de softcomputing que me auxilien en la resolución del problema arriba planteado, esta fue mi respuesta: «Pagaría 1.000 millones de euros por la Universidad de León, que -˜amortizaría-™ en 35 años». Desde entonces no han dejado de sonar los teléfonos ni de echar humo el correo electrónico. «¿Qué compras con esa cantidad, los edificios, el suelo, el capital humano, la carga lectiva, los proyectos de investigación-¦?». Las preguntas, desde entonces, son incesantes. «¿Quién hace esa inversión? Describe la cuenta de negocio-¦». Y así, erre que erre, sin dejar de alertarme con sutiles comentarios o recordándome por ejemplo que, sin acercarse al nivel de las Universidades de la Liga Ivy o el grupo «Oxbridge», la Universidad de Heilderberg (Alemania), donde uno de cada cinco estudiantes es extranjero, tiene unos 25.000 alumnos (el doble que la Universidad de León) y 400 millones de euros de presupuesto que le proporciona el land (región) de Baden-Würthemberg y otros tantos que obtiene (financiación privada) producto de sus acuerdos con variadas entidades, en total 32.000 por alumno (diez veces más que la Universidad de León). Con todo, negro sobre blanco, mantengo la cifra: «1.000 millones. Si la ponen en venta, la compro». Mis colegas, maliciosos, insisten divertidos, «¿exigirás due diligences?». Sin ceder, zanjo el envite: «Pago 1.000 millones de euros. Al contado».

 

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