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una diáspora invisible

Emigrar de León en silla de ruedas

León cuenta con un centro de élite en atención a la dependencia pero se ve obligado a derivar casos de personas con gran discapacidad a otras provincias por no ser un recurso residencial y falta de plazas públicas.


22/01/2017

 

ana gaitero | león

Manuel Martínez sufrió un accidente fatal que le dejó postrado en una silla de ruedas. «Me dormí al volante cuando me quedaban dos kilómetros para llegar a casa, en San Miguel de Escalada», cuenta. Después de casi nueve meses en el hospital de parapléjicos de Toledo, ingresó en el centro de día del Centro de Referencia Estatal de la Dependencia y la Discapacidad de San Andrés.

Al poco tiempo le dieron la opción de ocupar una plaza de residente. Se puso muy contento. De lunes a viernes aprendía a manejar el ordenador y jugaba a la bocha con sus compañeros y el fin de semana iba a casa con su padre y su madre, que entonces aún vivía aunque ya sufría el mal de Alzhéimer. Era el año 2008. Ocho años después le dijeron que no podía continuar en el centro. Le dieron plaza en una residencia en Salamanca. «Al poco tiempo me puse enfermo y me tuvieron que ingresar. Entre semana, mi familia no podía ir a verme y cuando me dieron el alta, me dijeron que no podía seguir en aquella residencia», explica.

Ahora ha vuelto a San Miguel de Escalada. Le cuida su padre, de 78 años. La casa está adaptada desde que él estaba ingresado en el hospital de Toledo, cuentan con una grúa para acostarle y levantarle y el resto lo hace todo con la ayuda de su padre. Ni siquiera puede usar las manos para descolgar el teléfono.

«Estoy esperando a que me den una plaza en una residencia que esté en León o cerca de León». Ahora lamenta que le obligaran a renunciar a la plaza del centro de día en el CRE cuando ingresó en la plaza residencial. «Al menos podría ir allí por las mañanas...», afirma.

Todavía tiene la esperanza de volver al CRE de San Andrés, ya sea como residente o en el centro de día. El caso de Manuel no es único. Varias personas fueron trasladadas el año pasado a centros de Salamanca tras cumplir su período de estancia.

RECLAMACIONES

Al menos otras dos mujeres con una gran discapacidad por esclerosis múltiple fueron obligadas a emigrar a Salamanca por falta de plazas en León. De nada ha servido la queja que la familia González Zapico presentó ante el Procurador del Común y que acabó en la oficina del Defensor del Pueblo, al ser el CRE un centro de ámbito estatal.

«Me han respondido que tengo que ir por la vía judicial, pero no tenemos dinero», dice Rosa, afectada por esclerosis múltiple igual que su hermana. Se siente impotente. En el mes de julio su hermana fue trasladada desde el CRE a Salamanca. La familia asegura que no tenía conocimiento de la inminencia del traslado, mientras que en la dirección del centro se asegura lo contrario. «La sacaron a la calle a las 8 de la mañana del 4 de julio y a mí, que era su tutora, me llegó la carta el día 5. Es curioso porque si le compramos un bolígrafo tenemos que presentar una factura, pero para esto no hubo tantos miramientos», alega.

En Aldem, la asociación leonesa de esclerosis múltiple, conocen el caso. Y saben que no es un problema aislado. «Necesitamos residencias para gente joven que tiene un alto grado de dependencia. En León lo más aproximado es Cinco Llagas y Aspace, el Centro de referencia de San Andrés no cumple el perfil porque es para estancias temporales», afirma la trabajadora social, Raquel Garea.

Aldem tuvo un proyecto para hacer una residencia específica para personas con esclerosis múltiple, como el de Los Olivos de Salamanca. Pero llegó la crisis y fue imposible. «El problema no es sólo construirlo, sino luego mantenerlo que es lo más costoso», precisa.

Aspaym tiene 40 plazas concertadas en una residencia en Valladolid. Para León, la práctica habitual cuando se presenta la necesidad es derivarles al CRE o a las viviendas de Aspace en el barrio de San Lorenzo. Incluso hay residentes del centro estatal que acuden a su centro de rehabilitación y fisioterapia de La Palomera.

Según datos de la Gerencia de Servicios Sociales, existen en León 2.280 plazas autorizadas en centros para atender a personas con discapacidad. Un total de 1.183 pertenecen a recursos residenciales para atender a personas con discapacidad. La Gerencia dispone de 280 plazas públicas —el 20% del total— a través de conciertos con entidades titulares de centros inscritos en el registro oficial. La mayoría —232— son para personas con discapacidad intelectual y del espectro autista, 22 para personas con enfermedad mental y 26 para personas con discapacidad física.

Aspace es una de las entidades autorizadas para acoger en régimen de residencia a personas con discapacidad y cuenta con 34 plazas concertadas por la Junta que gestiona la Gerencia de Servicios Sociales de acuerdo con su lista de espera. El concierto está congelado desde hace años, y sólo se mueven las plazas por fallecimientos (con excepción de las renuncias a plazas concertadas que se produjeron cuando se endureció la crisis económica). Admite a personas con parálisis cerebral y dependencia por otros procesos (sobre todo daño cerebral) y las personas que acceden pueden llegar desde cualquier punto de la Comunidad. Aspace cuenta con plazas privadas, pero su coste, aunque se «acerca al de la plaza pública, es más elevado», admite el coordinador, Nicolás Merino.

Asimismo, existen 1.097 plazas en centros de día, de las cuales 658 son concertadas. La discapacidad física está a la cola con 26 plazas. Un total de 607 plazas en dichos centros son para personas con discapacidad o autismo y 25 para quienes padecen alguna enfermedad mental grave.

El Centro de Referencia Estatal de San Andrés no forma parte de esta red. «No somos un centro residencial, sino de investigación y promoción de medidas para mejorar la calidad de vida de las personas», aclara la directora, María Teresa Gutiérrrez.

Inaugurado en diciembre de 2007, el centro de referencia para la discapacidad y la dependencia, adscrito al Imserso y al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, se llenó casi de inmediato con más de un centenar de personas que accedieron a una plaza de forma gratuita y sine die.

Pero al poco tiempo se restringió la estancia, obligando a las personas que ingresaban nuevas a firmar una fecha de salida. Actualmente quedan en el centro entre 30 y 40 personas de las que accedieron inicialmente a una plaza. Todas ellas están en lista de espera para una plaza en otro centro. «Más del 50% ya han sido reubicadas en otros dispositivos», asegura Gutiérrez.

Para las familias es un «sinsentido» que «teniendo un centro pionero al lado de casa nos obliguen a trasladarnos fuera de León». No entienden de competencias ni de fronteras administrativas.

Piden una solución, es decir, un servicio para sus familiares que sea cercano. «¿Por qué se tiene que ir la gente fuera cuando hay aquí plazas vacías?», comenta María, con una hermana ingresada que tiene 62 años.

El planteamiento actual «no responde a las necesidades reales de las personas porque lo normal es que se vayan deteriorando, sobre todo cuando padecen enfermedades degenerativas o por la edad», afirma un familiar.

El déficit de plazas para personas con discapacidad o dependientes no mayores de 65 años se suplió en Castilla y León con la autorización de admitir a personas con edades por debajo de la jubilación.

Además de la temporalidad, ahora los usuarios entran condicionados a un máximo de 18 meses de estancia, sobre el CRE se cierne la duda de si se están aprovechando bien todas las plazas. No lo dicen solo las familias y las asociaciones. «Hay habitaciones libres y echan a la gente sin buscarle un sitio adecuado para sus necesidades», afirma una voluntaria de la Hospitalidad de Lourdes que visita el centro habitualmente para acompañar a las personas que residen allí.

Izquierda Unida ha preguntado por la infrautilización del CRE en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados. Se basa en los datos de las memorias del Imserso. En 2010 figuran disponibles 140 plazas residenciales y 23 en el centro de día. En 2015, la cifra de plazas residenciales se reduce a 78 y las de centro de día aumentan a 26.

La dirección del centro asegura que las plazas reales son 120 camas desde el principio y que actualmente hay más de 90 ocupadas. «Nunca va a poder contar con 120 usuarios porque tenemos que tener plazas libres para paralímpicos y personas con discapacidad de las federaciones que vienen a entrenar y también a valoración», asegura María Teresa Gutiérrez.

La atención directa a las personas corresponde a las comunidades autónomas, recuerda. El CRE es un centro de buenas prácticas que admite a personas de 16 a 65 años y atiende solicitudes de todo el país, no sólo de León. Además, asesora en accesibilidad en las casas tanto para población infantil como adulta y mayores dependientes. También se vuelca en «formar e informar a la población» con jornadas mensuales sobre temas diversos y particularmente en la investigación. «El problema es que las personas tienen otras expectativas y yo les entiendo, porque hay gente que tiene verdadera necesidad», concede.

Asegura que el tiempo de espera para acceder a una plaza residencial en este centro es de cerca de un año, motivo por el cual no pueden ser más flexibles con las personas cuando cumple el plazo límite para su estancia. «Desde el momento que entran empieza la derivación, pero los recursos son escasos», agrega.

La Gerencia de Servicios Sociales señaló que hasta la semana próxima no está en condiciones de contestar por qué hay personas que se ven obligadas a salir fuera de la provincia para acceder a una plaza resindencial.

La población y particularmente las familias no entienden que se hayan invertido más de 15 millones de euros en un centro como el de San Andrés y más de 7 en la frustrada Ciudad del Mayor y las necesidades de las personas con discapacidad y dependientes no estén atendidas.

PLAZAS GRATUITAS

Las plazas del CRE son gratuitas por lo que durante el tiempo que las personas están aquí ingresadas no tienen que desembolsar ninguna cuantía de su pensión ni de su patrimonio. Esta situación también se considera insólita. «Que pongan una tarifa igual que en los demás centros», apostillan las familias.

Lo cierto es que es un centro que, pese a depender del Imserso y ser el referente de la discapacidad y la dependencia, está fuera de la red asistencial, que depende de la Junta de Castilla y León. Pero en la práctica se utiliza como «recurso de urgencia». La gente se acostumbra, se familiariza con el entorno y en poco tiempo tienen que salir a otro centro o a su casa. En la provincia de León hay más de 15.372 personas con 18.780 prestaciones reconocidas por dependencia.

Una de cada cuatro prestaciones —4.874 — son ayudas económicas a los familiarespor cuidados casa, en muchos casos de una cuantía ínfima. Sólo 172 cuidadores no profesionales tienen un convenio con la Seguridad Social, es decir, pagan una cuota para cotizar por una pensión futura, sobre 637 en Castilla y León.

 

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