La Junta aplica un impuesto al combustible para financiar la atención en la sanidad

PILUCA BURGOSCORRESPONSAL VALLADOLID 30/12/2011

A partir del 1 de enero de 2012 el litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno será 4,8 céntimos más caro. La Junta de Castilla y León comenzará a cobrar, el año que viene, el Impuesto sobre Ventas Minoritarias de Determinados Hidrocarburos, más conocido por «céntimo sanitario», para financiar la sanidad pública de la Comunidad.

Con este tributo se prevé una recaudación de 140 millones de euros en Castilla y León y de 23,3 millones en la provincia de León, según los datos provinciales de consumo de combustible, que figuran en la Estadística Energética de 2010, realizada por el ente regional de la Energía de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta y extrapolados con el conversor de BP.

El nuevo impuesto sobre el carburante irá acompañado de otros dos tributos propios de carácter medioambiental, la denominada «ecotasa», que espera recaudar de las compañías eléctricas 60 millones, y otro que grava la eliminación de residuos en vertederos, que significan 12 millones anuales más para las arcas autonómicas. Los tres gravámenes supondrán unos ingresos de 212 millones de euros anuales, a los que se suman 39 millones del Impuesto de Patrimonio, al que la Junta «no va a renunciar».

El «céntimo sanitario», que ya lo aplican nueve comunidades autónomas, «cumple con el objetivo necesario —según explicó el presidente del Ejecutivo Autonómico, Juan Vicente Herrera— de replantear la sanidad pública estatal y autonómica».

La Junta ha escogido el «tipo de gravamen máximo autorizado» de 4,8 céntimos por litro de gasolina, queroseno, gasóleo (a excepción del utilizado para las calefacciones y el específico de uso agrícola) y de 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo.

El Gobierno regional —que decidió no implantar este impuesto estatal indirecto, creado en 2002— acordó ayer incluirlo en el proyecto de ley de Medidas Financieras para el jercicio 2012.

El presidente de la Junta explicó que la implantación del «céntimo sanitario» en Castilla y León obedece a la «extraordinaria» reducción en un 50% de la capacidad recaudatoria de los tributos cedidos desde el año 2007, a la «quiebra» del modelo de financiación y a la reducción de los ingresos que dependen de la Comunidad.

Estos tres aspectos, junto con «la profunda crisis», ha «obligado» al Gobierno regional a «garantizar la calidad y la equidad de los servicios públicos» a través de la «necesidad obvia» de más impuestos.

En cuanto a la «ecotasa», un gravamen que ya aplican siete comunidades españolas y con el que la Administración prevé recaudar 60 millones de euros, Herrera quiso recordar que no afectará a la tarifa de los consumidores y que fue impulsada con el apoyo de todos los grupos en las Cortes.

En concreto, gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Los 60 millones previstos servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental, mejoras en la eficiencia energética y el abastecimiento más eficiente de parques empresariales, tecnológicos y empresas.

A estos dos gravámenes hay que sumar el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, que se estima que aportará 12 millones de euros anuales, que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.

El impuesto de Patrimonio, recuperado por el Gobierno socialista para 2011 y 2012, y con el que se prevé una recaudación de 39 millones de euros, irá destinado al pago de la Renta Garantizada de la Ciudadanía. «Se trata de un esfuerzo de reasignación. Un sacrificio de solidaridad de las rentas más elevadas», puntualizó Herrera.

El presidente de la Junta también anunció que la Junta mantendrá la misma tarifa autonómica del Impuesto de la Renta y la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de padres a hijos y entre cónyuges, así como todas las bonificaciones fiscales anunciadas en octubre como la deducción del 15% del IRPF por obras en vivienda habitual.

El proyecto de Ley de Medidas también conserva la tasa por negligencia para los rescates de montaña.