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batas blancas en precario

La rebelión de las trabajadoras invisibles

Más de 1.100 personas, casi el cien por cien mujeres, son la base de la atención profesional a la dependencia en el hogar. Son las auxiliares de ayuda a domicilio. Trabajadoras invisibles que en León capital cumplen seis meses de protesta .


06/08/2017

 

ana gaitero | león

Trabajan con bata blanca, pero no son médicos ni enfermeras. Cobran siete euros de media por hora y su jornada laboral se amplia sin retribución por los desplazamientos que realizan de un domicilio a otro. Son las auxiliares de ayuda a domicilio. Esas mujeres, apenas hay hombres en este ‘yacimiento’ de empleo del siglo XXI, forman parte del pilar de la atención profesionalizada a la dependencia. Son más de 1.100 personas en la provincia de León con contratos parciales que están muy lejos de una jornada completa y que cobran, por término medio, siete euros por hora trabajada.

Las calles (y las carreteras) son los pasillos de sus centros de trabajo, los hogares de más de 3.311 leoneses que reciben este servicio de apoyo a la familia y la convivencia, y el tiempo que emplean en desplazarse de un domicilio a otro para forma parte de su jornada laboral. Pero sólo en teoría.

En la práctica se arreglan como pueden. Y se echan a las espaldas tiempos y tareas que son necesarios para cumplir su misión, pero no cuentan en el contrato ni en el salario que cobran a fin de mes. La precariedad laboral es general, pero la mayoría la viven en silencio y aisladas.

En León ha surgido una excepción. Las auxiliares de ayuda a domicilio de la capital, entre 109 y 140, libran una batalla sin precedentes en este sector invisible frente a la empresa adjudicataria. «Se han degradado nuestras condiciones laborales y el servicio», asegura la presidenta del comité de empresa, Sonsoles Fernández.

Varias demandas en la Inspección de Trabajo y protestas en la calle y en los plenos municipales desde el mes de marzo han conseguido visibilizar a estas trabajadoras que denuncian incumplimientos del convenio desde que en agosto de 2015 la empresa se hizo cargo del servicio. «Vamos a los hogares sin saber lo que tenemos que hacer porque no nos facilitan la hoja de tareas y al final acabamos haciendo lo que quiere la familia», se quejan. Mayoritariamente, «tareas de limpieza» en lugar de atención personal.

El artículo 23 del convenio colectivo establece que a «cada trabajador/a se le informará adecuadamente al inicio de este de las características del servicio y de las prestaciones a realizar en el mismo».

La precarización de las condiciones laborales se agudiza para más del 30% de las trabajadoras que, asegura el comité, «a pesar de tener contrato parcial trabajan en jornada partida con distancias entre domicilios superiores a cinco minutos que no se pagan», lo que les impide buscar otro empleo complementario. en la práctica supone que «estamos a disposición de la empresa las 24 horas del día y si nos negamos a hacer un servicio fuera de lo que aparece en el convenio a la tercera te quitan las horas», recalca el comité.

El artículo 37 del VI convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal establece que cuando las jornadas sean partidas tendrán una duración mínima de 24 horas semanales. «Hay trabajadoras que salen a las 10 de la noche y entran a las 8 de la mañana».

Según lo pactado, estas trabajadoras deberían de entrar a trabajar entre las siete y las diez de la mañana y no salir más tarde de las 16.00 horas. Y si es el turno es de tarde, la entrada deberá producirse entre las 15 y las 18 horas y como límite de salida se establece las diez de la noche.

Asimismo, el convenio estipula que la jornada laboral efectiva debe computar el tiempo de la asistencia a la persona usuaria y el desplazamiento entre domicilios cuando se trate de servicios consecutivos.

El problema de los desplazamientos fue llevado a los tribunales por la Federación de Enseñanza y Servicios Públicos de UGT (FeSP) en base a una directiva de la Unión Europea sobre desplazamientos pero no ha tenido éxito, apunta Pilar Fernández, secretaria provincial de servicios sociosanitarios y dependencia. El caso está en el Tribunal Supremo. Este problema, asegura, es más sangrante entre las trabajadoras del mundo rural. «Las hay que hacen 20 kilómetros de ida y vuelta para cubrir media hora de servicio», asegura.

Fernández lamenta que, en el caso de León capital, el alcalde «no se ha dignado a recibir al comité ni a los sindicatos» y asegura que la concejala de Bienestar Social está al tanto de las irregularidades que denuncian las trabajadoras.

Aurora Baza señaló a este periódico que ha encargado un informe sobre las quejas planteadas a la técnico responsable, que se acaba de incorporar al trabajo después de unos días de vacaciones. Es la respuesta que dio en el último pleno, en el que las trabajadoras volvieron a protestar con sus camisetas y batas pintadas.

La portavoz de Carflor, Aránzazu Lesmes, subraya que las demandas de las trabajadoras son ajenas a la empresa. «Son cuestiones que tienen que ver con el convenio y que afectan por igual a las trabajadoras de todas las empresas de ayuda a domicilio», recalcó.

El comité de empresa recalca que hay tres juicios pendientes sobre cuestiones que son específicas de la concesionaria, a la que acusaron ante la Inspección de Trabajo de incumplimientos del convenio regional del sector. En salud laboral, explican que los dos años que se cumplen de la contrata «sólo ha realizado un reconocimiento médico a las trabajadoras» pese a que está pautada una entrega anual.

En cuanto a la ropa de trabajo, de las dos batas por año que estipula el artículo 25 del convenio regional sólo han recibido una. También insisten en que la empresa no ha cumplido las mejoras económicas y laborales que puntuaron en la adjudicación del servicio por parte del Ayuntamiento de León.

«Se comprometieron a aumentar la jornada laboral de las que no la tienen completa y no se ha aplicado a ninguna de las trabajadoras subrogadas», recalca Sonsoles Fernández. «De las ampliaciones que nos han facilitado sólo dos corresponden a trabajadoras fijas», mientras que «una gran mayoría (de las ampliaciones de jornada) corresponde a contratos de sustitución» de personas contratadas por obra y servicio y transformaciones de estos contratos en indefinidos. «Prefieren contratar a gente nueva porque les sale más barata que las antiguas», alegan las representantes del comité de empresa, que tienen de media más de diez años de antigüedad.

Tampoco se ha aplicado el plus de 100 euros y dos días de libre disposición las 15 trabajadoras que según el listado que les facilitó la propia empresa tendrían derecho a estas bonificaciones. También reivindican la regularización de la bolsa de horas, así como las titulaciones y acreditaciones para trabajar de auxiliar de ayuda a domicilio.

Otro aspecto que reprochan a la empresa es la falta de aplicación de las mejoras técnicas que comprometió en la plica que presentó como mejora del servicio con una inversión de 20.000 euros. «Las personas que atendemos son cada vez más dependientes y tenemos que hacer esfuerzos físicos que nos causan lesiones», alegan.

«La formación ha desaparecido y ante el nuevo proceso de contratación no se ha publicado la plantilla que se va a subrogar en el perfil del contrante», agregan al listado de reclamaciones.

También se ven desprotegidas frente a situaciones de acoso en los domicilios. «Nos dicen que salgamos de la casa, pero se limitan a cambiarnos y no se les quita el servicio o se investiga. Lo que hacen es cambiar a la auxiliar», protestan.

A la primera denuncia que presentaron en diciembre de 2015, la Inspección de Trabajo respondió que «había procedido a actuar de forma reglamentaria», aunque las trabajadoras desconocen las medidas.

«Trabajo digno», «Ayuda a domicilio. Municipalización» son algunos de los mensajes que llevan escritos en sus camisetas. La municipalización es una opción que no baraja por ahora el Ayuntamiento de León.

Aurora Baza señala que las quejas de los usuarios por el servicio son «muy pocas» y que el Ayuntamiento no se puede regir por comentarios sino por reclmaciones que se registren por escrito. Alguna usuaria ha manifestado por este mecanismo que «las sustituciones no se avisan ni bien ni a tiempo».

Las trabajadoras han acudido a los grupos de la oposición. «Ante las quejas de los usuarios la respuesta es culpabilizar a la auxiliar. Han llegado a poner excusas como que a la auxiliar se le estropeó el coche cuando es una trabajadora que se desplaza en autobús», anota una de las representantes sindicales.

La concejala Concha Lucas, de León en Común, lamenta que en repetidas ocasiones ha pedido que el Ayuntamiento de León intervenga e investigue pero «la concejala se limita a decir que según los técnicos el servicio se presta correctamente y no procede que el Ayuntamiento se inmiscuya en asuntos laborales de una empresa privada».

Pilar Fernández recuerda que las trabajadoras del SAD de Ponferrada también se movilizaron frente a la misma empresa cuando asumió el contrato y vieron mermar sus derechos laborales.

Sólo el Ayuntamiento de San Andrés mantiene la ayuda a domicilio como un servicio propio. Con 29 trabajadoras presta el servicio a 162 personas en la actualidad con un coste anual de 408.217 euros, de los cuales el 90% son aportados por la Junta de Castilla y León.

Todas las corporaciones locales, también la Diputación, tienen un convenio marco con la administración autonómica que sufraga como máximo el 90 del coste de este servicio de apoyo a la autonomía personal en los domicilios de las personas. Se trata de uno de los servicios que se ofrecen como prestación de la atención a la dependencia.

Los costes son muy dispares de un municipio a otro. En San Andrés, el coste medio por usuario es de 2.519 euros al año, mientras que en Ponferrada asciende a 5.415 por término medio y en León capital se sitúa en cifras similares, 5.491 euros de promedio.

El coste del servicio prácticamente se duplica para el servicio que presta la Diputación provincial, que paga una media de 9.087 euros por persona usuaria. La dispersión territorial y de población obligan a contratar mayor número de auxiliares para cubrir las prestaciones de ayuda a domicilio.

Según un estudio del Colegio Oficial de Trabajo Social de León sobre los servicios sociales en el medio rural, la cifra media de horas de ayuda a domicilio que reciben las personas usuarias disminuyó en 41,92 horas anuales, el coste medio por hora bajó casi dos euros y la aportación de las personas titulares casi un euro. En 2011, los usuarios recibieron 259,50 horas de media de atención y en 2012, la cifra descendió a 217,58 horas.

Se trata de un servicio que «pretende adaptarse a las necesidades y condiciones de vida de la persona usuaria» con apoyos de carácter doméstico (limpieza de la casa, lavado y planchado de ropa), preparación de comidas, así como otras atenciones «dirigidas al cuidado y la higiene personal». El servicio, según el informe del Colegio, «trata de facilitar la movilidad en la vivienda y fuera de ella y presta compañía, además de asesoramiento puntual».

«Somos un sector feminizado y estamos solas y aisladas en las casas», señalan. La situación se agrava para las trabajadoras que no prestan servicios de ayuda a domicilio que no dependen de las administraciones públicas. «Han surgido empresas champiñón que se descuelgan del convenio o lo incumplen directamente y es muy difícil hacer un seguimiento», lamenta Pilar Fernández.

El coste de la mano de obra según el convenio colectivo es de 16 euros, cantidad que no pueden afrontar «estas pequeñas empresas que acaban aplicando otros convenios, como el empleadas de hogar o acompañamiento». Esta situación se tendrá que corregir a partir del 1 de enero de 2018, fecha para actualizar las certificaciones profesionales en Castilla y León.

Las mujeres inmigrantes sufren más la precarización del sector que es clave en los cuidados a personas mayores o dependientes. «Son las que acaban asumiendo los peores trabajos y los peor retribuidos, como los acompañamientos nocturnos en el hospital a precios irrisorios», recalca.

En la otra cara de la moneda, la población se queja de los tiempos de espera para acceder a la prestación, pese a que todas las administraciones locales aseguran que no tienen lista de espera. «El problema está en la tramitación de la dependencia, pero cuando nos llegan damos la atención de forma inmediata e incluso se amplía el presupuesto, como hicimos en diciembre», asegura la concejala de Bienestar Social de León.

 

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