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TRIBUNA

La senescencia de los sistemas públicos de pensiones

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ
07/11/2007

 
ENTRE las aportaciones que conlleva la celebración en León de la Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento de los Estados miembros de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), también debemos agradecer la oportunidad que nos brinda de reflexionar sobre el final del periodo denominado «dividendo demográfico», esto es, que los sistemas públicos de pensiones pueden no estar ahí para ayudarnos en nuestra vejez. La Seguridad Social no ha existido siempre, tiene sus orígenes en la Alemania del gobierno de Bismark (1889). Su existencia es un hecho contingente. Me estoy refiriendo a la Seguridad Social como procedimiento para atender las necesidades materiales de la vejez, de la enfermedad o de la jubilación. No es, por tanto, una circunstancia que deba durar per se y en buena lid pudiera ser sustituida por cualquier otro procedimiento que persiguiendo el mismo fin lo alcance con más eficacia y garantías. Asistir a las personas que lo necesitan bien sea por enfermedad, por accidente o porque soportan una excesiva carga biológica (años), constituye, efectivamente, un horizonte moral, filosófico y antiguo, me atrevería a decir que constante por ser un hecho de civilización, de comunidad. Y admitiendo que son conceptos abstractos, pues no todos envejecemos de igual modo, las enfermedades presentan distinta etiologías y los accidentes o calamidades tienen distinto gradiente, justo es reconocer que el rubro de la jubilación es aún más vago, como recuerda el dicho: «no importa lo viejo que seas sino cómo llevas la vejez». Los sistemas públicos de pensiones, es así para todos los casos, son sistemas de solidaridad intergeneracional, los que trabajan sufragan los salarios y pensiones de los que no lo hacen. No son sistemas de capitalización, por los que se recibe el fruto de nuestro ahorro contributivo a lo largo de nuestra vida laboral. Y como se trata de un sistema de solidaridad intergeneracional, al día, redistributivo, es un procedimiento muy expuesto al cambio de variables, léase, inversión de la pirámide demográfica, procesos inflacionarios duraderos e intensos, recesiones económicas por cambio de ciclo o cambio tecnológico. Precisamente, en España la financiación vía reparto facilitó la jubilación a una generación que escasamente había cotizado, pero ahora la pirámide poblacional se ha invertido y nos encontramos ante el problema inverso: una generación que ha cotizado y que difícilmente dispondrá de pensiones a no ser que contribuya doblemente para crear, ahora sí, un fondo de capitalización. A mayores, la procrastinación de los agentes públicos en la toma de decisiones sólo conlleva a que este problema se agrave conforme se retrasa más, mostrando que, aún cuando el envejecimiento es un problema a largo plazo, es necesario adoptar medidas en el corto plazo. Los sistemas públicos de pensiones, por definición, por sus características, son procedimientos altamente inestables y con un elevado grado de exposición a los distintos avatares. No resulta extraño que para el profesor Barea tengan cierto parecido con una «bomba de relojería». La economía dista mucho de ser una entidad asintomática, al contrario, los procesos creativos y des tructivos de fondos de comercio son su característica principal. El Estado como entidad, siendo una entidad en sí misma muy sólida, fruto del esfuerzo colectivo, ha dado muestras, incluso en los países más avanzados económica, cultural y tecnológicamente, de ser un garante con severas limitaciones, atormentado, y más vulnerable de lo que cabría suponer por parte de sus panegiristas, que tienden a considerarlo una entidad deífica con atributos irrestrictos e inabarcables. No es el caso. Todos los países europeos, todos los occidentales y otros como Japón o Corea del Sur, tienen sobre la mesa, en estos momentos, la ideación y estructuración del procedimiento más adecuado para garantizar el deber comunitario de socorrer a los que lo necesitan en la vejez, en la enfermedad o la calamidad. En los países desarrollados el nuevo miedo es vivir una larga vida sin dinero. Las hipotéticas soluciones, alargar la vida laboral o aumentar la presión fiscal sobre la actual población laboral poco hacen a la cuestión de fondo y a la elevada exposición de dicho sistema a las contingencias económicas, de civilización y naturales. Ante la senescencia funcional de la garantía del Estado y teniendo en cuenta, de un lado, el rechazo a los aumentos de las cotizaciones a la Seguridad Social, y de otro, la gravedad de la crisis demográfica, parece llegado el momento de la reflexión en profundidad, con luz y taquígrafos y sin medias palabras acerca de su viabilidad a largo plazo, de los efectos sobre la redistribución intergeneracional de la renta del sistema de pensiones español o explorar la posibilidad de introducir políticas de reforma por el lado de los ingresos, que pudieran mitigar la fuerte dependencia demográfica de las finanzas de la Seguridad Social. En nuestro caso, el superávit explícito de tesorería de la Seguridad Social, que es cierto y que lo hay, puede ser flor de un año y poco ayuda a avizorar el elevado grado de exposición, la distaxia y la orfandad del actual sistema que «esconde», como si se tratara de un iceberg, una enorme deuda acumulada, que se traslada a las generaciones futuras. En la caricatura, teniendo en cuenta el aumento de la longevidad, avanzamos hacia un horizonte donde los jubilados terminarán militarizándose y formando unidades de asalto para reducir los focos de rebeldía contra las asfixiantes «cotizaciones» de la población trabajadora. En el otro extremo, y al rebufo de la carrera espacial, no es descabellado imaginar que se asigne a las personas provectas la misión de colonizar el espacio en viajes tripulados sin retorno. Mientras que los sistemas públicos de pensiones, en la actualidad, responden a dos criterios, son sistemas centralizados y fuertemente regulados y son sistemas financieros (unos ciudadanos trasladan parte de su renta a otros), los privados son sistemas de capitalización. Ambos tienen algo de inertes, se trata de sistemas que cuando son activos en realidad son reactivos, reaccionan en negativo a alguna adversidad. Por tanto, convendría, como primera caución, revertir el procedimiento, liberalizar, descentralizar y añadir a la capitalización la generación de activos productivos. Por un lado, se necesitan sistemas de capitalización más descentralizados, poco importa si públicos (regiones, diputaciones, ayuntamientos) o privados (fondos de inversión local u otros), comprometidos con el entorno, con niveles de mutuo respaldo entre todos ellos y cotizados. Naturalmente se necesitan otros gestores, más independientes, bajo control de sus contribuyentes y no de burocracias. Les hablo de sistemas dinámicos cuya evolución es perceptible, con tasas de rentabilidad mucho más altas y que puedan despertar mayor grado de confiabilidad y entusiasmo social. La renta básica, la que puede proporcionar el Estado a todos sus ciudadanos, necesita otro entendimiento de la Hacienda Pública y de ningún modo puede ensombrecer la necesidad de que los ciudadanos, uno a uno, como un deber comunitario, se ocupen de su futuro, de su vejez, de la enfermedad y de las hipotéticas calamidades. De otro, se precisa tanto mejorar la cultura financiera de los ciudadanos como propiciar una auténtica democratización de las finanzas, pues si en principio el interés compuesto y el tiempo son de los mejores aliados para evitar la pobreza en los años de senectud, también lo es el poder reducir el impacto de los riesgos repartiéndolos entre mucha gente (a nivel global), no sólo limitándose a diversificar una cartera de inversiones (poner los huevos en diferentes cestas). No obstante, es posible que el mayor obstáculo para una eficaz gestión de los riesgos sea de orden psicológico, ya que muchas personas no identifican los principales riesgos a que están expuestas, obsesionándose con riesgos insignificantes que les resultan más visibles. No es suficiente con que los investigadores y académicos identifiquemos los grandes riesgos, mientras los individuos no sean conscientes de tales eventualidades no darán los pasos para afrontarlos ni apoyaran plenamente a las instituciones encargadas de hacerlo. De ahí que es en este apartado donde considero que la Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento debería ameritar una especial sensibilidad y compromiso acerca del fomento de la educación financiera de los ciudadanos.

 

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