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El Supremo «vigila» a Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento

Se aplaza una semana la declaración de los seis parlamentarios al pedir los abogados más tiempo.

 

Carme Forcadell abandona el Tribunal Supremo tras su comparecencia ayer. FERNANDO VILLAR -

03/11/2017

m. sáiz-pardo | madrid

Los seis miembros de la Mesa del Parlament imputados por el proceso secesionista en Cataluña, incluida su presidenta, Carme Forcadell, volverán al Supremo el próximo jueves día 9 de noviembre. Eso sí, hasta entonces estarán bajo «vigilancia policial» para que no sigan la estela de Carles Puigdemont.

Horas antes de que los exconsejeros del Govern supieran que iban a prisión, los seis miembros independentistas del órgano de gobierno de la Cámara autonómica estaban ya de vuelta en Barcelona. El Supremo, antes de comenzar a tomarles declaración por los mismos cargos (rebelión, sedición y malversación) que han llevado a la cárcel a parte del gabinete de Puigdemont, aceptó suspender los interrogatorios de los todavía aforados y aplazarlos una semana. Se trata de Forcadell; Lluís María Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa y expresidente del grupo parlamentario del Pdecat; Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa y diputado del Pdecat; Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa y diputada de Esquerra Republicana de Catalunya; Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada del Pdecat; y Joan Josep Nuet, exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP).

Los letrados de todos ellos, que se enfrentan a una pena de hasta 30 años de cárcel como los consejeros encarcelados o huidos, reclamaron al instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, más tiempo para estudiar el caso. Los abogados denunciaron «indefensión», alegando que las citaciones a sus clientes se habían hecho sólo 24 horas antes del interrogatorio y en un día de fiesta (1 de noviembre), lo que hacía imposible ejercer el derecho de defensa. Todo ello, explicaron, al margen de que no se les había dado traslado de buena parte de las actuaciones y que ni siquiera se habían incorporado a la causa algunos de los documentos que la Fiscalía usa para incriminar a los cinco diputados y a la presidenta.

Llarena accedió a la petición de los abogados de retrasar una semana los interrogatorios (que comenzarán a las 9.30 horas del próximo jueves) pero también accedió a la reclamación del fiscal Fidel Cadena de someter entretanto a los investigados a «vigilancia policial».

La decisión del instructor de decretar esta inusual medida provocó una fuerte controversia jurídica. En puridad, esta «vigilancia policial» no puede ser una medida cautelar preventiva ya que no se celebró una vistilla para establecer este tipo de restricciones, que, por otro lado, sólo se fijan una vez que el investigado ya ha declarado. Es entonces, a la vista de sus palabras o sus silencios, cuando se valora si procede su ingreso en prisión u otras fórmulas menos gravosas para restringir su libertad.

   
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