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El informe externo alerta del coste de la readjudicación del contrato a Urbaser

PW cree que se incumpliría también la nueva normativa europea, vigente antes del fallo del TSJ.

 

Dos de los folios del informe de 12 páginas que mañana se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente, donde se da cuenta de la situación y de las posibles alternativas. -

El informe externo alerta del coste de la readjudicación del contrato a Urbaser -

12/06/2018

m. cachafeiro | ponferrada

El informe externo contratado por la alcaldesa de Ponferrada para dar solución al bloqueo que atraviesa el servicio de limpieza desde hace dos años, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que retiró la adjudicación inicial a FCC después de prosperar el recurso de Urbaser, llega a la conclusión de que la mejor salida posible es «renunciar a celebrar el contrato y reiniciar el procedimiento para su adjudicación».

Además, advierte que, de seguir con la tramitación y la readjudicación a Urbaser, como ordena el Tribunal, se podría inflingir un «perjuicio económico» para las arcas municipales. Y es que dicha readjudicación, a juicio del gabinete contratado, PW, de Madrid, se encontraría «desiquilibrada económica y financieramente desde su inicio», además de no cumplir «el dimensionamiento necesario para la correcta gestión del servicio» con los nuevos criterios de Bruselas y con unos datos presentados a concurso hace ya más de cuatro años.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, parte de la propia sentencia y de si la adjudicación a Urbaser responde ahora al interés público teniendo en cuenta esos cambios impuestos desde Bruselas.

Por un lado, aclara que las nuevas directrices europeas sobre los contratos de concesión tienen fecha de 18 de abril de 2016; es decir, que ya estaban vigentes en el momento de la sentencia del TSJ, y, por otro lado, que hay cambios en la propia legislación española que alteran «sustancialmente» el régimen de revisión de precios de los contratos administrativos, más en este caso, que se licitó por 17 años con posible prórroga de hasta los 20.

El informe, al que se acogió Gloria Fernández Merayo ante la falta de consenso entre los técnicos municipales sobre el cumplimiento de la sentencia, llegará mañana a la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ponferrada, que deberá tomar una decisión inicial antes de pasar a Pleno.

Esa nueva normativa europea vincula ahora la duración del contrato a la amortización de las inversiones realizadas y establece que para los contratos de más de cinco años la duración máxima «no podrá exceder el tiempo que se calcule razonable», dice PW. En este caso, se trata de 17 años que, según da a entender el informe, es un exceso con la nueva ley.

En cuanto a lo que llama el informe «desindexación de la economía española», recuerda que la Ley 2/2015 de 30 de marzo deja la revisión de precios como algo «excepcional» en los contratos del sector público, además de restringir toda la documentación sobre los costes revisables.

A la hora de analizar el contrato de Ponferrada, el informe advierte que cuatro años más tarde, cuando se intenta dar una solución, los datos del servicio «han variado de manera sustancial» y «no se corresponde con la realidad», lo que generaría «con total seguridad» un desequilibrio.

«La cuestión fundamental, llegados a este punto, estriba no tanto en considerar si la adjudicación del contrato debe hacerse a Urbaser, cuestión que parece fuera de toda duda, sino si responde al interés público que el Ayuntamiento prosiga con la contratación», viene a resumir el informe.