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Solicitan la inhabilitación del anterior alcalde de Palacios por prevaricación

Según la fiscal, impidió ver expedientes del Ayuntamiento a varios concejales y a una vecina .

 

El exregidor de Palacios del Sil, Fernando Fernández Astorgano, en una imagen de archivo. L. DE LA MATA -

19/01/2017

miguel ángel zamora | león

El juzgado de lo Penal número 1 de los de León pasará vista oral el próximo día 8 de febrero, a partir de las 12,00 de la mañana a la acusación de un supuesto delito de prevaricación que pesa sobre Fernando Fernández Astorgano, anterior alcalde de Palacios del Sil, sobre el que pesa un presunto caso de delito contra los derechos cívicos por el que se solicita para él la inhabilitación para cargo público por espacio de tres años, según consta en el escrito de calificaciones provisionales emitido por la Fiscalía y que obra en poder de este periódico.

Según el documento firmado por una de la representantes del Ministerio Fiscal en Ponferrada, el alcalde recibió en el año 2013 varios escritos de una vecina de la localidad en los que se le solicitaba autorización para poder examinar determinados expedientes de reposición de legalidad urbanística y sancionadores por infracción urbanística, a los cuales no tuvo acceso en su totalidad, sino solamente de forma parcial.

Entre junio de 2011 y diciembre de 2013 diversos concejales solicitaron la misma información, pese a lo cual, ninguna de las peticiones fue atendida puesto que si bien se autorizaba el acceso a la documentación (consistía en facturas, expedientes de contratación, de protección de legalidad y sancionadores) el acceso quedaba condicionado a que se hiciera en presencia del funcionario municipal, con el que se coordinaría la visita en fecha y hora a comunicar en acto posterior. Nunca llegó a concretarse ese día por lo que, en la práctica se entorpecía la transparencia del Ayuntamiento, siempre según la versión de la fiscal.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los derechos cívicos, previsto y penado en el artículo 542 del Código Penal, castigados con tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, de dictarse sentencia condenatoria como pide la fiscal.

La defensa por su parte, rechaza la descripción correlativa de los hechos que presenta la fiscal, niega que se produjera delito alguno y entiende que no hay comportamiento penal alguno que incardinar en las actuaciones del acusado, por lo que solicita la libre absolución del que fuera el anterior alcalde, con todos los pronunciamientos a su favor.



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