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Apocalipsis rural

 

VERLAS VENIR ERNESTO ESCAPA
10/05/2018

Los paisanos que han ido naciendo en la pendiente del declive, lo han hecho en lugares prósperos, hacia los que emigraron sus padres en desbandada. Más o menos, donde quisieron, como antes sólo podían en su afán expansivo y colonizador los de Bilbao. Sin desarraigar su procedencia, sea cual fuere el nido de acogida. Ya como juez en Pamplona, arropado por dos hermanos togados de la misma procedencia riañesa, ya como futbolista internacional, convertido ahora en entrenador del Valladolid. Me sabe mal mezclar en este preámbulo al atrabiliario juez Ricardo Javier González, cuya degradación le llevó a ver jolgorio y regocijo en una violación masiva, con el deportista Sergio González Soriano, descendiente de Gallegos de Curueño y propulsor en su tramo final de competición del Real Valladolid. Antes de recalar junto al Pisuerga, Sergio era seleccionador catalán, sin olvidar sus raíces leonesas.

Nunca las deserciones fueron tantas como en nuestros días, que asisten al abandono terminal de los pueblos. A su cierre funeral por los proyectistas europeos y madrileños, convertidos en sepultureros del mundo rural. Y todo ello va discurriendo de la forma más sumisa, como si no estuviera pasando nada. Un día es la merma de la política Agraria Común, que desaloja las pequeñas explotaciones ganaderas que fijan población, otro el mandoble funcionarial de Montoro, que paraliza mortalmente la vida de los pueblos, y cada paso de este proceso demoledor lo arropan la indolencia autonómica y local, que de momento entretienen el pasmo mirando hacia otro lado, para no sufrir con los atropellos. La cuestión llega al extremo absurdo de que las pedanías, receptoras de subvenciones recientes para proyectos concretos por parte de las diputaciones, se encuentran con que ni siquiera pueden adjudicar su realización sin la firma de un secretario municipal. Y tanto los alcaldes como la propia diputación, donde mandan los partidos tradicionales, se llaman andana, lamentan con repugnancia el requisito y practican la vieja filosofía de dejar que corra la bola y que viva Bartola. Porque no son los pueblos y su cuelga rural una causa que justifique aplicarse en la defensa. Con decir que el gobierno de Madrid no ve más allá de la Castellana, les sirve de sortilegio.

Pero lo cierto es que, una vez descontados los despistes causados por la distancia de Bruselas y Madrid, donde tenemos embajadores con muy buen pago, tampoco Valladolid tramita estos asuntos con mejor ojo. De hecho, ni Valladolid ni las respectivas diputaciones, donde existen servicios rotulados para la asistencia y cooperación local, están haciendo algo diferente y que merezca consideración. Todo el aparataje autonómico, que defendió la gestión del Duero revocada por el Constitucional, en este caso de las dispersas pedanías mira para otro lado, sin defender la aplicación de su competencia exclusiva sobre la conservación del derecho consuetudinario prescrita en el artículo 70 -5º del Estatuto de Autonomía vigente. El régimen jurídico de democracia directa que desde el siglo dieciséis gobierna escrupulosamente y sin gastos los bienes comunales de los pueblos. Claro que el descuido autonómico no sólo tiene que ver con la distancia, sino con la dispersa insignificancia de las pedanías. Si yo les contara el desprecio con que llevan en la delegación leonesa de la Junta Guillermo García y sus gabrieles el cumplimiento del compromiso expresado en sede parlamentaria por el consejero Suárez Quiñones al procurador de Ciudadanos Mitadiel, respecto a las tropelías cometidas con la arenera de Carrocera, que es mi pueblo, harían muecas de no creérselo. Pero así es.

   
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