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La compensación por los perjuicios causados superará los 230 millones


03/01/2017

 

La sentencia determina que la Junta está obligada a la revisión de las citadas tarifas conforme a la variación del índice de precios al consumo sin que tal medida pueda entenderse «como una suerte de potestad discrecional otorgada a la administración autonómica».

De confirmarse otras sentencias en sede casacional relativas a la congelación de las tarifas de 2013, 2014 y la rebaja del 20% establecida en 2015 también recurridas por las concesionarias, la Junta se verá obligado a incrementar las actuales tarifas de ITV en Castilla y León así como a abonar millonarias indemnizaciones a las empresas de la Asociación de Entidades para la Expedición Técnica de Vehículos, integrada por Itevelesa, Itevecasa y Atisae.

7,5 por el año 2012

Así fuentes próximas a la asociación cifran en más de 7,5 millones la cantidad que habría de abonar la Junta sólo para compensar los perjuicios ocasionados en 2012 por la no actualización hasta la fecha de hoy con arreglo al IPC si bien añade que las compensaciones podrían superar los 230 millones sin incluir intereses si los próximos fallos judiciales también lo sean favorables y si se tienen cuenta que el contrato no expira hasta el 2029.

Por otro lado la representación de los trabajadores de la principal concesionaria castellano leonesa Itevelesa está a la expectativa de las posibles negociaciones que están manteniendo con la Junta los nuevos accionistas de grupo y su consejero delegado, puesto que las congelaciones tarifarias y los reportes aplicados por la administración autonómica afectaron a sus ingresos desde 2012 así como a los términos de la negociación de su convenio colectivo dada la delicada situación en la que se encontraba la compañía en aquellos momentos.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Las movilizaciones de la plantilla de Itevelesa que fue a la huelga en verano de 2015 e incluso protagonizó un encierro en la sede de la ADE en Arroyo de la Encomienda, concluyó con el compromiso de la compañía de efectuar una revisión de los acuerdos laborales vinculada al éxito de los procedimientos judiciales seguidos por la compañía.

 

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