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La hora del renuncio

VERLAS VENIR ERNESTO ESCAPA
17/05/2018

 

Conforme se acerca el fin de ciclo, hasta los más tercos y altivos como Montoro empiezan a declinar, diluyendo contundencia y doblegando certezas. Ha pasado con los gastos del delirio catalán y esperemos que alcance la cesión a la supervivencia de las pedanías, aunque a este lado no haya de momento un reclamador tan imperativo y exigente como el juez Llarena. Porque no puede disculparse que el atropello sea menor, cuando afecta al autogobierno centenario del común, aunque acumule sobre sí menos focos y audiencia que el desahogo catalán. Lo que no cabe es minusvalorar el zarpazo dado por Montoro a las juntas vecinales, que son el organismo que se encarga de administrar más el cincuenta por ciento de los bienes públicos de provincias como León.

Sobre todo, si seguimos mirando para otro lado, para no ver de dónde viene el mandoble. Su primer empellón se produjo en diciembre de 2013, en tiempos de mayoría absoluta y con apoyo de los nacionalistas vascos, después de incorporar modificaciones que atendieran a su singularidad foral. Todo el debate de aquel proceso quedó reducido a una tarde, a pesar de ser una ley que invadía competencias exclusivas de diferentes autonomías, cuyos Estatutos tienen rango constitucional. Tampoco podemos olvidar ahora ni los orígenes ni los impulsores de una norma que fue repudiada por el Congreso de los Diputados el 16 de marzo de 2016. La primera ley del tiempo de la mayoría absoluta en ser revocada por todos los grupos del Congreso, excepto populares y nacionalistas vascos.

Su único afán declarado consistía en privatizar el enorme patrimonio público gestionado por entidades locales, poniendo trabas y requisitos de funcionamiento que hicieran imposible su supervivencia. Como acaba de suceder con la exigencia de funcionarizar la secretaría de las juntas vecinales, que es requisito de imposible cumplimiento. Esta parte que atenta contra las juntas vecinales la acaba de resucitar Montoro como decreto, porque sabe que ya no cuenta con ninguna posibilidad de mantener la ley y le sigue interesando pillar ese cacho de nuestro patrimonio comunal. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobada con el PNV en diciembre de 2013 fue recurrida ante el tribunal Constitucional y convenientemente podada en sus excesos invasivos de competencias autonómicas exclusivas.

De hecho, el pleno declaró inconstitucional por unanimidad en marzo de 2016 tanto su pretensión de disolver aquellas entidades locales menores que no presentaran sus cuentas, como la atribución a entidades locales de servicios de asistencia social y de atención primaria de salud. Lo que cuesta entender, a estas alturas, es que no hayan recurrido al Constitucional la Junta o las Cortes de Castilla y León, como sí hizo ante la aprobación de la ley la Asamblea de Extremadura, cuando el decreto montorino atenta contra la democracia directa de las pedanías protegida como competencia exclusiva por el artículo 70-5º del vigente Estatuto de Autonomía.

Se cumplen este mes quince años del tamayazo que instaló a Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, inaugurando la etapa infecta de nuestros vecinos del sur. Lo que nace mal sólo puede acabar peor y este atentado a las juntas vecinales fue urdido por el portavoz popular del tamayazo, Antonio Beteta, durante su estancia lustral como secretario de Estado para las Administraciones Públicas. Con el precedente de haber contratado con demasía, como consejero de Economía y Hacienda de Madrid, la asesoría del despacho Equipo Económico de Montoro. Que nos libren del rebote.

 

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