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Castilla y León ■ Instituciones

El Procurador del Común defiende la «total independencia» de sus resoluciones

Amoedo lamenta que la colaboración de las administraciones no llega con la rapidez que sería deseable.


17/05/2018

 

ICAL | SALAMANCA

El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, defendió ayer la «absoluta independencia, objetividad e imparcialidad de sus resoluciones», después de que fueran cuestionadas por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), durante la presentación de su informe anual en el que se detuvo en especial en el ámbito de la sanidad para solicitar que en la asistencia rural no se tenga sólo en cuenta el número de tarjetas sanitarias y una mayor «adecuación» de las plantillas para reducir las listas de espera.

La institución del Procurador del Común tramitó un total de 3.909 expedientes, de los cuales 21 son expedientes de oficio y 3.888 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos, 1.361 más que el año anterior, lo que supone un aumento de un 53,8 por ciento respecto a las 2.527 registradas en 2016, si bien se situó por debajo de las 4.329 registradas en 2015. Fueron 955 las resoluciones todas motivadas y «con absoluta independencia, objetividad e imparcialidad», defendió Javier Amoedo.

«Hay una colaboración de las administraciones pero no con la rápidez que nos gustaría», explicó el Procurador, que indicó que 351 fueron contra la Administración autonómica, de las que estimó irregularidad en 161, 102 se aceptaron total o parcialmente y a fecha de hoy se contestaron 31 de 32 pendientes.

En el ámbito de la sanidad, donde se duplicaron las quejas el pasado año, el Procurador pidió a la Consejería que el número de tarjetas sanitarias individuales no sea el único criterio para fijar los servicios en el mundo rural, sino que se tenga en cuenta la frecuencia y facilidad para acceder al transporte público, la orografía, el estado de la red viaria y la existencia de población flotante.

Respecto de las listas de espera, que «han causado insatisfacción de los usuarios», reclamó una «adecuada organización de las plantillas y, aunque afirmó que existe un déficit de facultativos en algunas especialidades, se pueden anticipar y prevenir situaciones como las jubilaciones, las vacaciones anuales o los descansos de guardias.

Sobre las quejas recibidas de acoso escolar, subrayó la petición a la Consejería para que su actuación vaya más allá de recibir información sobre expedientes que se puedan incoar en los centros y se mantenga hasta que cese esa situación y resaltó también su actuación de oficio para conocer con datos reales el grado en que se garantiza la enseñanza a adolescentes embarazadas o con hijos. El Procurador resaltó los cambios normativos propuestos por la institución para un mejor acceso a la renta garantizada de ciudadanía, como el levantamiento de oficio de la suspensión de la percepción de la prestación cuando se produzca por incumplimiento de la exigencia de estar inscritos como demandantes de empleo. También planteó la consideración de unidad familiar o de convivencia no sólo a dos personas unidas por matrimonio o relación estable, sino a quien se encuentre en un proceso de separación legal si conviven en una misma vivienda.

Mina de Retortillo

Lamentó Amoedo que las quejas en Medio Ambiente se repitan año tras año y solicitó ante ello más vigilancia policial en casos de ruidos causados por actividades de ocio y mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y destacó la coñlaboración con las confederaciones hidrográficas para impedir la navegación de las embarcaciones con motor en todos los embalses y lagos incluidos en la Red Natura 2000. Sin embargo, el Procurador del Común subrayó que la Consejería de Medio Ambiente acaba de responder que no acepta su resolución para tramitar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la mina extractiva de uranio de Retortillo, ya que, en opinión de la institución, la empresa pidió una nueva licencia urbanística para un nuevo proyecto en el término municipal de Retortillo.

 

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