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TEMOR ANTE LA NUEVA LEY HIPOTECARIA

Adicae reclama que sean los bancos los que informen a los afectados por cláusulas suelo

La OCU critica la posibilidad de que la banca pueda eludir los costes judiciales en caso de juicio tras la mediación

EL PERIÓDICO
12/01/2017

 

Un día antes del anuncio de la nueva ley hipotecaria del Gobiernolas espadas siguen en alto. El secretario general de la asociación de usuarios de banca Adicae, Fernando Herrero, ha reclamado que el Gobierno establezca un mecanismo mediante el cual se informe a los consumidores cuya hipoteca cuenta con una cláusula suelo de que están afectados. Esta medida general les permitiría recuperar todo el dinero cobrado por las entidades financieras por este concepto en los últimos años de fuerte rebaja de los tipos de interés.

Según ha explicado en declaraciones a los medios en el Congreso, la asociación está trasladando a los grupos parlamentarios la importancia de que los consumidores afectados estén informados de que lo están. Formaciones políticas como ICV ya han anunciado que colaborarán en la defensa legal de los afectados por está práctica bancaria considerada abusiva por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

COSTES JUDICIALES

Uno de los asuntos cruciales en los conflictos que se prevén es el coste de los procesos judiciales. Dado que el marco legal parece claro en favor de los clientes, cualquier coste judicial debería recaer en la banca, lo que debería ser estímulo suficiente para eludir el trámite. Pese a ello, Herrero ha apuntado que "lo que parece que establece" el primer borrador de medidas del Gobierno del último Consejo de Ministros es un mecanismo corrector para desincentivar la vía judicial. Si el consumidor ha recibido una oferta en el proceso voluntario de mediación y no le ha satisfecho, a la hora de abrir un pleito si le conceden lo mismo o menos no habrá una condena de costas contra el banco. Si finalmente el Gobierno aprueba en el próximo Consejo de Ministros, que se celebra este viernes, una solución extrajudicial para los afectados, la asociación ha convocado para el lunes, 16 de enero, asambleas en todo el país con el objetivo de informar a los afectados.

MARCO LEGAL SOSPECHOSO

Para la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, el hecho de que sean las entidades financieras, como parte interesada, las que calculen las cantidades pagadas de más por los afectados por las cláusulas suelo genera mucha desconfianza. Los consumidores en general no disponen de conocimientos ni medios para verificar dichos cálculos, por lo que podrían acabar firmando acuerdos sin saber si los cálculos son correctos. El cálculo debe ser desde el inicio del contrato, más los intereses de demora correspondientes. Por ello, la OCU advierte de que cualquier acuerdo que no respete esta obligación no es aceptable. Sobre los costes procesales, la OCU considera que favorece especialmente a las entidades financieras y prácticamente obliga al consumidor a acudir al procedimiento extrajudicial, en teoría voluntario.

GARANTÍAS

"Es imprescindible que se establezcan garantías para que todos los afectados que tengan cláusulas suelo en su hipoteca lo sepan, les sea comunicada esta circunstancia, y, en consecuencia, tengan la oportunidad de reivindicar, de reclamar legítimamente sus derechos, derechos que ya les ha reconocido la Justicia y la propia legislación", ha indicado Herrero. El responsable de Adicae ha apuntado que esta propuesta es "muy fácil" de llevar a cabo, ya que el mecanismo que apruebe el Gobierno "puede imponer a las entidades financieras la remisión de una carta a sus propios clientes" en la que se indique que su hipoteca cuenta con una cláusula suelo y los mecanismos a los que puede acudir para reclamar. Aquellos que ya cancelaron su hipoteca pero ésta tuviese esa cláusula también deberían poder exigir lo pagado de más, que en la mayoría de los casos supone cifras importantes para cualquier familia.

En opinión de Adicae, remitir a los consumidores afectados a los tribunales sería "absurdo" e "incoherente", ya que "ni es una buena solución para los hipotecados ni es una buena solución, ni siquiera, para el sistema judicial español". "Más que disuadir, lo que esperamos es que se establezca un mecanismo eficaz y con todas las garantías para la recuperación de todo el dinero por parte de todos los afectados", ya que "existiendo un mecanismo de ese tipo, ningún consumidor querrá, deberá ni tendrá por qué ir a los juzgados, pero siempre tendrá la legitimidad para hacerlo", ha añadido. Pese a ello, algunas fuentes apuntan a que el marco legal que ha diseñado el Gobierno pretende favorecer de nuevo a la banca y desincentivar la reclamación.

EL MECANISMO NO PUEDE IMPLICAR NEGOCIACIÓN

El representante de Adicae ha reiterado que el mecanismo que establezca el Gobierno "no puede ser en ningún caso la negociación del individuo, del consumidor, con el banco", ya que las entidades financieras "llaman negociar a engañar flagrantemente al consumidor, hacerle firmar renuncias a derechos, que por cierto son nulas, y un largo etcétera de abusos". Según ha dicho, el mecanismo "no puede consistir en una negociación entre iguales", sino que tiene que establecer un marco y unas pautas de respuesta por parte de la entidad financiera para "la devolución íntegra de los ahorros indebidamente apropiados por parte de la entidad".

El representante de la asociación ha denunciado que el Gobierno no ha contactado con los consumidores, sino que solamente se ha dirigido a los bancos. "No sabemos si el proyecto que apruebe será un proyecto del Gobierno o será un proyecto de la banca. En este sentido, vamos a estar vigilantes", ha afirmado. El portavoz de Adicae ha denunciado que la legislación española está "desenfocada, anticuada y erróneamente aplicada en materia de defensa de los consumidores", por lo que ha trasladado a los grupos parlamentarios una propuesta de pacto de Estado por la transparencia en la contratación con consumidores que establezca "unas reglas del juego correspondientes a un sistema económico, jurídico y social moderno, justo y equilibrado".

COSTES JUDICIALES

Uno de los asuntos cruciales es el coste de los procesos judiciales. Dado que el marco legal parece claro en favor de los clientes, cualquier coste judicial debería recaer en la banca, lo que debería ser estímulo suficiente para eludir el trámite. Pese a ello, Herrero ha apuntado que "lo que parece que establece" el primer borrador de medidas del Gobierno del último Consejo de Ministros es que si el consumidor ha recibido una oferta y no le ha satisfecho, a la hora de abrir un nuevo pleito si le conceden lo mismo o menos no habrá una condena de costas contra el banco, algo que "en el propio sistema judicial actual ya existe". Considerando que finalmente el Gobierno apruebe en el próximo Consejo de Ministros, que se celebra este viernes, una solución extrajudicial para los afectados, la asociación ha convocado para el lunes, 16 de enero, asambleas en todo el país con el objetivo de informar a los afectados.

 

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