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Así se gestó el pacto PP-PSOE para las cláusulas suelo

El primer texto que redactó el Gobierno tenía puntos que no pasaron el filtro por beneficiar en exceso a la banca

OLGA GRAU
19/01/2017

 

El real decreto que anunció el Gobierno para solucionar el conflicto de las cláusulas suelo que afecta a 1,2 millones de consumidores en España se hubiera tenido que convalidar en el Congreso sin mayoría del PP. Y en el proceso,el PSOE y Podemos se hubieran puesto de acuerdo para tramitar el decreto como proyecto de ley por procedimiento de urgencia y enmendar la plana al Gobierno con el aplauso de todo los ciudadanos indignados con los abusos de la banca con cláusulas que se han demostrado abusivas en Europa.

 
El primer texto que redactó el Gobierno tenía puntos que no pasaron el filtro ni de largo por beneficiar en exceso a la banca, según detallan fuentes socialistas. Por ejemplo, no obligaba a los bancos a informar debidamente sobre las cantidades cobradas de más durante el periodo de aplicación de la cláusula suelo y tampoco se instaba a calcular los intereses que habrían devengado.

La norma no especificaba que las costas judiciales recaerían en los bancos si no ofrecían una solución satisfactoria al afectado y este tenía que acudir a los tribunales. Los usuarios quedaban en manos o bien de la banca o bien de los bufetes de abogados que como buitres se han lanzado a por un pastel jugoso. Tampoco se ofrecía un trato fiscal beneficioso para las cantidades ingresadas por los contribuyentes (ahora está exento de IRPF y no se le aplican recargos), como si los afectados fueran malos contribuyentes.

El texto topó con la oposición frontal del PSOE. De forma paralela, el Gobierno logró arrancar a Ciudadanos el compromiso de ir de la mano para  tirar adelante el decreto, pero la suma no permitía tirar adelante el acuerdo, necesitaban otro grupo parlamentario. Se barajó la antigua Convergència, pero la sintonía entre Ciudadanos y los nacionalistas a raíz del procès no contempla experimentos.

El primer contacto entre el PP y PSOE se produjo el pasado 23 de diciembre. Desde entonces, en los grupos técnicos de negociación tan solo han participado el Gobierno y los socialistas, quedándose fuera Ciudadanos y Podemos. Según explican fuentes de la negociación liderada por la secretaria de Estado de economía Irene Garrido, el equipo del PSOE liderado por Pedro Saura, con el que ha colaborado Margarita Robles, ha logrado incorporar todas sus reivindicaciones a un texto que logró la fumata blanca de las dos partes el miércoles. Casi inmediatamente, el ministro Luis de Guindos filtró a la prensa desde el foro internacional de Davos que había acuerdo PP-PSOE, mientras que los socialistas convocaban una rueda de prensa casi inmediata para vender el acuerdo como logro propio. La falta de acuerdo con el PSOE hasta el pasado miércoles es lo que había ido retrasando la presentación del decreto en el consejo de ministros de los viernes.

Por el camino se han quedado los equipos económicos de Ciudadanos y Podemos, a los que el pacto ha cogido con el pie cambiado y no han sabido reaccionar. El tradicional bipartidismo, sea por acumular más experiencia política negociadora o por tener más visión estratégica, ha ganado la partida política en un tema muy cercano a los votantes de Podemos y Ciudadanos. Quedan sin embargo otros frentes en el ámbito de la defensa de los derechos de los consumidores a los que las nuevas fuerzas se podrían apuntar. Uno de las que traerá cola es la sentencia del Supremo del 2015 en la que declaró como abusivas las cláusulas del Popular y del BBVA que imponían a los clientes el pago de todos los gastos de formalización de hipotecas, lo que podría ser el próximo frente ya que lo ha aplicado así de forma masiva toda la banca en España.

 

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