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POLÍTICA TRIBUTARIA

Las autonomías eligen sucesiones para competir por la rebaja fiscal

El impuesto sobre las herencias se perfila como un tema estrella de cara a la próximas elecciones. Los expertos abogan por fijar unos mínimos para evitar la definitiva desaparición del tributo

 

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. - EFE / JULIO MUÑOZ

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
04/03/2018

No es lo mismo heredar en Aragón o Asturias que en Andalucía, Canarias o Madrid. Un hijo que, por ejemplo, herede  800.000 euros de un padre residente en Asturias tendrá que tributar este año 103.135 euros. El pago podría quedar reducido a 9.800 euros si el padre tuviera su residencia en Cataluña; a 1.586 euros, en Madrid; o a cero euros, en Andalucía, según algunos de los ejemplos del informe ‘Panorama de Fiscalidad Autonómica y Foral’ que cada año publica el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) 

Consciente de este abismo, el hijo de un jubilado asturiano optó por empadronar a su padre en su  propio domicilio madrileño. Cuando el padre falleció el hijo logró un considerable ahorro fiscal. No contaba con las comprobaciones de la hacienda autonómica asturiana que tras recopilar datos sobre el consultorio médico habitual del padre, el uso de cajeros automáticos y la suscripción de su periódico obtuvo rápidas evidencias de que en los cinco años previos a su fallecimiento el hombre había conservado su residencia habitual en Oviedo.

El caso, pendiente de resolución, que relata un asesor fiscal  ilustra algunas de las consecuencias de la competencia fiscal a la baja en el impuesto de Sucesiones en la que se han enredado las comunidades.

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

Los últimos en sumarse a la competición han sido los gobiernos socialistas de Andalucía y Extremadura. Fruto de su pacto de investidura con Ciudadanos, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha puesto en marcha en el 2018 un mínimo exento de tributación de un millón que, en la práctica, deja libre de impuestos la mayor parte de lo heredado por los familiares más directos (cónyuge, ascendientes y descendientes). Los gobiernos de Murcia (PP), Castilla y León (PP) y Cantabria (PRC) también se han sumado este año a la competición a la baja que en su día lideró Madrid (PP). También ha introducido cambios  Asturias (PSOE), sin lograr evitar que siga figurando como la segunda comunidad que más grava las herencias, tras Aragón (PSOE). 

El informe elaborado por el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España pone de manifiesto que «la competencia fiscal entre comunidades autónomas es dispar». Mientras que en el IRPF no hay una tendencia definida al alza o a la baja, en Sucesiones y Donaciones la competencia es claramente a la baja. En sentido contrario, la tendencia es al alza en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava la compra de viviendas de segunda mano. 

La carrera fiscal a la baja en Sucesiones ha reducido su recaudación total el 13% desde el 2008 hasta dejarla en 2.423 millones en el 2016. «El descenso será más abrupto cuando se incorporen los datos del 2018, con los cambios en Andalucía y Extremadura», anticipa  Luis del Amo, secretario técnico del REAF. 

EL DEBATE ELECTORAL

Con razón o sin ella, la idea que subyace entre quienes propugna una carrera a la baja en Sucesiones es que se trata de un impuesto injusto que grava a las clases medias, mientras que los ricos encuentran la forma de sortearlo.

Este tipo de convicción ha llevado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a proclamar que «el impuesto de Sucesiones es un impuesto obsoleto que hay que suprimir». Desde la formación naranja, su responsable de política fiscal, Francisco de la Torre, matiza que en el fondo lo que propugna C’s es «una armonización a la baja» del impuesto», tomando como referencia el modelo de Andalucía y respetando las bonificaciones adicionales existentes en otras comunidades, «de modo que la clase media deje de tributar por las herencias».

Los expertos que en julio pasado entregaron al Gobierno un libro blanco para la reforma de la financiación autonómica abogan por «introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición de este tributo», al que atribuyen una gran capacidad de «redistribución» de la riqueza. De la Torre anticipa que si este año no se logra pactar una reforma del modelo de financiación autonómica, con un criterio para los impuestos cedidos, el futuro del impuesto de Sucesiones «se convertirá en tema estrella» en  las elecciones autonómicas del 2019.  




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