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VEHÍCULOS CON CONDUCTOR

Cabify critica que el Gobierno regule más al VTC y apoye al taxi

La plataforma, competidora de Uber, defiende que haya más competencia en el transporte privado de particulares

 

Protesta de taxistas en Madrid contra Uber y Cabify, el 30 de mayo. - DAVID CASTRO

EL PERIÓDICO
30/12/2017

La plataforma Cabify ha criticado este sábado el decreto aprobado por el Gobierno que incrementa la regulación sobre la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor ( ), mientras que sostiene los privilegios de otro sector, en alusión al del taxi.

En un comunicado, Cabify ha asegurado que considera "lamentable" la aprobación de esta norma, en lugar de mirar hacia el futuro y el progreso de las ciudades, en las que claramente se necesitan alternativas al coche particular y que se potencie una movilidad eficiente que reduzca la contaminación y mejore la calidad del aire.

Competencia
A su juicio, con ella se pretende "seguir regulando aún más al sector de la VTC para continuar favoreciendo y sosteniendo privilegios de otro sector, coartando la libertad de elegir de los ciudadanos". Ha recordado el informe que publicó recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que analizaba las medidas del decreto destacando que los requisitos que el Ministerio de Fomento impone "restringen la competencia en el sector y no están justificadas bajo los principios de necesidad ni proporcionalidad".

Petición de alternativas
Para Cabify es fundamental buscar alternativas entre todos los actores de la nueva movilidad, pero sobre todo que cada paso que se dé siempre se ponga al usuario en el centro de la ecuación priorizando la búsqueda de alternativas sostenibles para que pueda elegir con libertad. Este real decreto va en sentido contrario, ha asegurado, ya que "la administración una vez más está cediendo ante los chantajes y perdiendo una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

El decreto del Gobierno
El decreto, que ya ha publicado el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE), impide la venta de autorizaciones durante un periodo de dos años desde su otorgamiento, salvo la transmisión a favor de herederos en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular. De esta forma, el Gobierno trata de impedir "las prácticas especulativas" de aquellos que hubieran solicitado licencias de VTC con objeto únicamente de lucrarse con su inmediata reventa, sin intención de operarlas, según explicó el Ministerio de Fomento.

La norma también contempla la creación de un registro único a nivel estatal, al que deberán comunicarse los servicios o trayectos en VTC con carácter previo a su realización, lo que, a juicio de Fomento, "facilitará la labor" de los servicios de inspección, asegurará la precontratación y evitará la captación de viajeros por las vías públicas, aeropuertos o estaciones. 




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