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MERCADOS

La nueva norma de protección del inversor entra en vigor de forma parcial

El Gobierno no ha incorporado a tiempo la directiva europea pero la CNMV prevé aplicarla

P. ALLENDESALAZAR
03/01/2018

 

Casi cuatro años después de su aprobación, este miércoles ha entrado en vigor en todo el espacio económico europeo la nueva directiva comunitaria que busca aumentar la protección de los pequeños inversores tras los excesos y abusos destapados por la crisis. En España, sin embargo, el Gobierno no la ha incorporado totalmente a la legislación española, con lo que algunas de sus novedades han quedado por el momento en el limbo, si bien la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido que la mayoría de sus aspectos son aplicables, hayan sido o no traspuestos por el Ejecutivo.

La nueva norma es una modificación de la directiva de mercados de instrumentos financieros (MIFID, por sus siglas en inglés) del 2007, que buscaba armonizar en todos los países de la UE la regulación de los mercados de valores, de los productos que en ellos se negocian, y de la relación entre los clientes y las entidades. La crisis puso en evidencia la necesidad de aumentar la seguridad, transparencia y eficacia en los mercados, de ahí que el Parlamento Europeo aprobase en abril del 2014 la MIFID 2, tras dos años de trabajo.

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes a la incorporación a la legislación española de solo una parte de la directiva: la relativa a centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación). La CNMV, con todo, advirtió este martes que otras partes de la directiva son de aplicación directa (por ejemplo, los reglamentos de desarrollo), que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que las directivas tienen efecto directo en ciertos casos (siempre que los afectados lo invoquen ante la justicia), y que la jurisprudencia europea también avala que la propia CNMV deba "promover la efectividad" de las leyes comunitarias "interpretando las normas nacionales vigentes de modo conforme con la Directiva de que se trate".

Mayor protección
Para aumentar la protección de los pequeños inversores, los asesores y gestores de carteras independientes no podrán cobrar comisiones a las gestoras de los fondos de inversión que recomienden. Además, los que trabajen en bancos solo podrán hacerlo si incrementan la calidad del asesoramiento y garantizan que actúan de forma honesta, justa y profesional, por ejemplo ofreciendo al menos un 25% de productos de la competencia a sus clientes.

Las dos medidas afectan a los llamados cobros por retrocesión entre entidades (más del 60% de las comisiones que recaudan las gestoras acaban en los bolsillos de las comercializadoras, que en la mayoría de los casos son del mismo banco). Están incluidas en un anteproyecto de ley que el Gobierno analizó a principios de diciembre pero que todavía debe pasar todo el trámite establecido (el Consejo de Estado, otra vez el Consejo de Ministros y el Parlamento) antes de estar aprobado definitivamente, un proceso que puede durar meses.

Depósitos estructurados
La norma también va a elevar el control de los depósitos estructurados para equipararlos con cualquier otro instrumento financiero. Al contrario que los depósitos a tipo fijo, se trata de productos cuya rentabilidad depende de la evolución de un índice o del precio de un activo financiero. Para recomendarlos, los bancos deberán cumplir una serie de normas, como registrar grabaciones del proceso de venta o clasificar y evaluar la idoneidad del cliente para contratarlo.

Además, las empresas de servicios de inversión que diseñen productos financieros deberán crear un proceso previo de aprobación de estos para identificar al mercado de clientes al que va dirigido. El objetivo es que las características del instrumento sean las más adecuadas para su público potencial. El consejo de administración de la compañía será responsable de que así sea.

Sanciones más altas
Estas empresas, asimismo, deberán llevar un registro de las actuaciones que realizan con los clientes y en los mercados en los que operen para poder suministrárselo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o para atender a las reclamaciones de sus clientes. También hay medidas sobre la negociación con algoritmos y los mercados de financiación para pymes. 

Asimismo, la norma introduce nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo para los órganos rectores de los mercados en materias de nombramientos y conflictos de interés, además de endurecer el régimen sancionador, al elevarse las sanciones máximas desde 600.000 euros hasta 5 millones.

 

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