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PRESTACIONES DE JUBILACIÓN

Sin hucha y con subida mínima

Un año más las pensiones suben solo el 0,25%, mientras el Estado toma prestados recursos para pagar las prestaciones

 

Personas mayores descansan en unos bancos de Barcelona. - RICARD CUGAT

MERCEDES JANSA
13/01/2018

Por quinto año consecutivo, los 8.705.707 pensionistas españoles tendrán un incremento mínimo, del 0,25%, en sus pensiones. Para los que cobren la máxima (2.580 euros al mes), la subida rondará los 6,45 euros; para los que reciban la mínima (788 euros mensuales) apenas llegará a dos euros (1,97 euros), siempre y cuando sea una pensión contributiva porque las asistenciales son más bajas. Esta es la consecuencia de la reforma del sistema de pensiones que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2013 y que lleva el germen de una reducción de las cuantías por dos vías: el factor de revalorización (el 0,25% mínimo y el 0,50 más el IPC como máximo) y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en el 2019.


 
Esta reforma acabó con una práctica tradicional, la revalorización según el índice de precios de consumo (IPC) y vinculó la subida de las rentas de los pensionistas a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. Pero desde el 2014, primero con la excusa de la crisis y después por la falta de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no se ha salido del guión que trazó. Y ello pese a que las cuentas de la Seguridad Social han mejorado y hay más afiliados cotizando debido a la creación de empleo de los tres últimos años. Pero no son suficientes. Y además, los nuevos jubilados perciben pensiones más altas que cuando estalló la crisis porque como activos tenían mayores sueldos que sus predecesores.

RATIO DE COTIZANTES Y PENSIONISTAS

Diciembre pasado se cerró con un aumento de 96.000 pensionistas, 611.146 nuevos cotizantes y la población ocupada sumó 18.460.201 personas. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a diciembre del 2008, en vísperas del estallido de la crisis. La sostenibilidad del sistema depende, entre otras cosas, de la ratio entre cotizantes y pensionistas que ahora está en 2,23, el nivel más bajo desde 1999.

En paralelo ha ido disminuyendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha, hasta llegar a casi su vaciamiento. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, en el 2011, el Fondo tenía acumulados 66.815 millones de euros, y por los recortes presupuestarios se convirtió en la vía de financiación de las pagas extras de los pensionistas. El Ejecutivo prefirió sacar el dinero de la hucha a realizar aportaciones al sistema de protección por la vía de Presupuestos. En la actualidad, el Fondo cuenta con 8.095 millones de euros.

Para paliar este déficit y en la medida en que el pago de las pensiones es una obligación constitucional y un arma electoral de primer orden, el Ejecutivo ha optado por que el Tesoro preste el dinero a la Seguridad Social. En el 2017 trasfirió 10.192 millones de euros, y para este año, aunque los Presupuestos del Estado están prorrogados, el trasvase ascenderá a 15.000 millones de euros.

AYUDA DE LOS MAYORES

La intensidad de la crisis económica ha demostrado que muchas familias han podido paliar sus efectos por la ayuda de sus mayores. Las pensiones de los padres y madres han sido el sostén de hijos y nietos que han ido al paro, han agotado las prestaciones sociales o han estrenado unos sueldos que no dan ni para pagar el alquiler. La previsión de que en los próximos años se van a jubilar las generaciones más numerosas (el llamado ‘baby boom’) con sueldos altos, ha puesto nerviosos a los políticos que buscan fórmulas para hacer frente a una situación demográficamente crítica con un mercado laboral que no logra las cuantías de cotización de antaño.   

La comisión del Pacto de Toledo tiene la misión de proponer medidas al Gobierno pero lleva un considerable retraso. Este mes de enero los parlamentarios han decidido hincar los codos, reunirse cuantas veces haga falta y aprobar alguna de las 16 recomendaciones que se les pide. Hay acuerdo en muchas cosas, pero el escollo principal es la revalorización. La oposición ha hecho suya la petición de los sindicatos CCOO y UGT de derogar el factor de revalorización para que la subida se acerque al menos al IPC. Y esa será la pelea de los próximos meses.  




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