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El TS falla que la exención del permiso de trabajo no es una causa de despido

El alto tribunal ordena indemnizar a los extranjeros despedidos por ese motivo.


03/01/2017

 

j.a. bravo | madrid

Los trabajadores extranjeros deben gozar de la misma protección que los nacionales, aún en el caso de que su situación dentro del país termine convirtiéndose en irregular al vencerles su permiso de residencia y de trabajo. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia donde respalda el criterio seguido ya por algún órgano judicial inferior, y que a partir de ahora sienta jurisprudencia para todos los jueces de España quienes deberán aplicar así el principio de que la extinción de la validez de los documentos de un empleado foráneo no justifica en modo alguno su despido.

La Sala de lo Social del alto tribunal justifica esa decisión en que «nuestro legislador ha querido dotar de un determinado marco de protección a los trabajadores cuyo contrato se extingue por la concurrencia de una causa legal». Y precisamente «los contornos de esa protección deben garantizarse también a los trabajadores extranjeros aún cuando carezcan de autorización para prestar servicios en España pero, pese a ello, los hayan venido prestando efectivamente».

En consecuencia, declaran improcedente cualquier despido basado en esa motivación y, por tanto, ordenan aplicar la indemnización correspondiente. En el caso concreto que ha motivado dicho fallo, conocido este lunes, condena a una empresa de limpiezas a pagar 16.363 euros como compensación a una empleada africana a la que despidió tras llevar ocho años en la compañía. El cese se lo comunicó en noviembre de 2013 y lo justificó en la pérdida de su permiso.

En una primera sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a la trabajadora despedida en atención a que su contrato «no incluía expresamente una cláusula de extinción basada en la pérdida sobrevenida de dicho permiso». Pero la empresa, apoyada en otro fallo del TSJM que podía resultar algo contradictorio con aquel, defendió que tal condición debía considerarse «implícitamente consignada» en el acuerdo. La controversia terminó así en el Supremo, que ahora respalda esa primera sentencia. Y es que, advierte, «en todo caso no sería admisible que las partes del contrato previeran como causa válida de extinción para el mismo el acaecimiento sobrevenido de una circunstancia atinente a la propia capacidad negocial de la parte trabajadora».

 

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