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ANÁLISIS A vueltas con la reforma

Un cambio necesario aunque no urgente

Expertos en Derecho Constitucional apoyan la modificación del texto aunque dudan que se alcance un acuerdo político para acometerla.


07/12/2017

 

M. E. Alonso | Madrid

La crisis catalana ha puesto encima de la mesa la oportunidad, o no, de modificar la Constitución de 1978, hasta ahora solo retocada en dos ocasiones (1992 y 2011) por el acuerdo de los grandes partidos y sin referéndum. El pacto al que llegaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, al amparo del artículo 155, ha servido para constituir en el Congreso la comisión para la evaluación del modelo autonómico como germen de una reforma de la Carta Magna, que se antoja difícil pero sobre cuya necesidad existe un amplio consenso entre juristas y políticos. Un texto con 39 años de historia que presenta algunas grietas por el paso del tiempo y que da muestras de cierto agotamiento en las respuestas a los problemas de una España que se parece poco a la de 1978. Así ocurre con aspectos claves de la arquitectura que sostiene el modelo territorial. «La reforma está contemplada en la propia Constitución porque el traje de un pueblo se le puede quedar pequeño», asegura Juan José Solozábal, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Una renovación que debe acometerse «sin prisa pero sin pausa», según el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y director de Pradpi, Guillermo Escobar, que remarca que la Carta Magna está experimentando desde hace algunos años una cierta «disminución de su legitimidad, especialmente en Cataluña, por lo que conviene reformarla sin demasiada demora». Para Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, no es una cuestión tanto «de urgencia, sino de determinación de búsqueda de compromiso» que, advierte, no puede estar supeditada al envite soberanista. Sobre esta tesis, los expertos rechazan que la revisión se utilice exclusivamente para satisfacer o apaciguar a los separatistas y reclaman que repare «los defectos estructurales graves» del Estado autonómico.

 

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