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Diario de León | Miércoles, 26 de noviembre de 2014

El silencioso fin de las autonomías

El fondo de rescate y la ley de estabilidad abren la puerta a una restricción. de competencias de los territorios sin precedentes en la España democrática.

paula de las heras | madrid 29/07/2012

Sin excesivo ruido y casi sin discusión, la agresividad de la crisis económica que sacude a España ha hecho posible un cambio en el modelo de relación entre el Estado y las autonomías que hace tan solo un lustro, en pleno auge de las reformas estatutarias, habría parecido imposible. Nunca, como ahora, el Gobierno de la Nación había tenido tanta capacidad de decisión sobre los presupuestos y el gasto de las comunidades; una facultad en la que ahonda el recién aprobado Fondo de Liquidez Autonómica al que ya han anunciado su adhesión la Comunidad Valenciana, Murcia y la siempre reivindicativa Cataluña.

Se le llame o no rescate —una palabra maldita tanto para unos como para otros— lo cierto es que este mecanismo de asistencia financiera fue diseñado por el Ejecutivo para lanzar un salvavidas a una buena parte de las comunidades, asfixiadas por inminentes vencimientos de deuda. El cálculo del Ejecutivo es que, de aquí a final de año, las autonomías necesitan 26.376,40 millones de euros. El fondo estará dotado este 2012 con 18.000 millones. Pero la ayuda, que llegará en forma de préstamo, conllevará duras condiciones bilaterales.

Las comunidades que pidan ayuda tendrán que someter sus cuentas a un estricto control mensual por parte de Hacienda, que examinará los planes de tesorería, la ejecución presupuestaria, la adecuación a la realidad de las previsiones de ajuste, los detalles de operaciones de deuda viva o la valoración de los riesgos a corto y medio plazo. Todo lo necesario para garantizar que van por el buen camino para cumplir el objetivo de déficit autorizado, que este año es del 1,5%, y para atender a las obligaciones contraídas.

Intervención total

Si hay dudas consistentes, Hacienda podrá mandar a sus hombres de negro y en el caso, en principio extremo, de que el gobierno autonómico en cuestión no atienda sus requerimientos cabe, mayoría absoluta del Senado mediante, la intervención de la autonomía. Esta posibilidad no cae del cielo. Tiene su amparo en el artículo 155 de la Constitución. Pero nunca, hasta la aprobación en abril de la ley de estabilidad presupuestaria, una norma estatal había invocado su aplicación. Un salto cualitativo que ha pasado bastante desapercibido.

«Ese artículo se inspiró en la ley fundamental alemana, pero allí quien gobierna es la federación y quienes ejecutan son los länder, aquí no», subraya el profesor de derecho constitucional y exsecretario general de ERC, Joan Ridao. A su juicio en pocos meses se ha consumado un salto atrás que nos retrotrae, dice, a las «catacumbas autonómicas».

Y no es el único que hace esa interpretación. El portavoz socialista en el debate parlamentario sobre el fondo, Pedro Saura, cree que la nueva legislación permitirá al Gobierno imponer a las autonomías ajustes que de otro modo habrían podido pelear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Para las comunidades esto es tanto como entregar las llaves a la administración central», sostiene. «En lugar de intentar abordar la raíz del problema, que es cómo financiar adecuadamente el Estado de bienestar, se ha ido por la puerta de atrás».

Lo cierto es que la piedra fundamental sobre la que se asienta este cambio es la reforma exprés de la Constitución impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en agosto, con el apoyo a ojos cerrados de Mariano Rajoy. Una reforma que sacraliza y convierte en imperativo para todas las administraciones la estabilidad presupuestaria. De ella emana la ley de sostenibilidad financiera que los socialistas finalmente no apoyaron, pero que en cambio contó con el apoyo de Convergència i Unió, el mismo partido que, paradójicamente, concurrió a las últimas elecciones generales con la defensa del «derecho a decidir» como bandera.

España es el banco

Apenas ocho meses después del 20-N, la Generalitat de Artur Mas reconoce que no dispone de más «banco» para atender sus necesidades de liquidez que el Gobierno de España y que sin nuevos fondos ni siquiera tendrá para pagar este mes a escuelas y hospitales concertados. Su deuda es de 42.000 millones de euros (el 21% de su PIB), la más alta de todas las comunidades autónomas, y según los cálculos de Hacienda, de aquí a diciembre sus necesidades de liquidez ascienden a más de 7.000 millones de euros.

Los catalanes, que llevaban más de un año lanzando señales de auxilio y se han acogido a todos los instrumentos financieros articulados hasta ahora por el Gobierno a través del ICO habrían preferido que, en lugar de un fondo a imagen y semejanza del creado por Bruselas para rescatar a países como Grecia, Irlanda, Portugal (y ahora al sector financiero español), se hubiera apostado por los hispanobonos, es decir, por una emisión conjunta de títulos de deuda autonómica avalada por el Tesoro. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mostró su rechazo a fórmulas que implicaran «mutualizar el riesgo».

¿Existe interés recentralizador? El Ejecutivo sostiene que lo único que le mueve es el deseo de garantizar que las cuentas no se desmadran.

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