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La Fiscalía pide inhabilitar nueve años a Homs por la consulta del 9-N

Se acusa al portavoz parlamentario de Pdecat de prevaricar y desobedecer al Constitucional.


12/01/2017

 

m. b. / c. r. | madrid / barcelona

El diputado y portavoz en el Congreso del Partido Democrático Europeo Catalán (Pdecat), Francesc Homs, se enfrenta a nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación y desobediencia grave al «impulsar activamente» el «proceso participativo» celebrado el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, que fue anulado por el Tribunal Constitucional por traspasar los límites de su competencia y vulnerar el «orden constitucional» vigente.

La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer su escrito de conclusiones provisionales en el que se solicita la apertura de juicio oral para Homs, de 57 años, por su gestión en la etapa en la que era consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas, que será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos mismos hechos a partir del próximo 6 de febrero. Junto a él se sentarán en el banquillo la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau.

Mas se enfrenta a diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos, mientras que a sus compañeras les piden nueve años de suspensión como «cooperadoras» de los delitos de prevaricación y desobediencia grave por la consulta del 9-N. En el caso de Homs será juzgado por la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo porque es diputado nacional y, por lo tanto, aforado. Con respecto al portavoz parlamentario de Pdecat, el fiscal del alto tribunal reclama una pena conjunta para ambos delitos y, de forma alternativa, si el tribunal optara por castigar los ilícitos penales por separado solicita que se le imponga siete años y seis meses por prevaricación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros (30.000 euros en total) e inhabilitación especial por un año y un mes por desobediencia grave.

En su escrito, el fiscal afirma que Homs «no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI (Centro de Telecomunicaciones de la Información) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas (subcontratadas), y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado «proceso participativo».

Además, el fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional».

El escrito recoge el dinero desembolsado por la Generalitat para la celebración de la consulta. Así, el 24 de octubre de 2014 el departamento de Homs recibió el encargo de difundir la publicidad institucional de la consulta. Para ello contó con un presupuesto de 806.403 euros. Y el 29 de octubre siguiente el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales solicitó los servicios del CTTI por 1,2 millones de euros y la factura final fue de 698.685 euros. Así, se gastaron en la consulta del 9-N, al menos, 1.505.088 euros. Sin embargo, Homs, como ejecutor del «proceso participativo», no ha sido acusado por la Fiscalía de malversación de caudales públicos, delito que conlleva penas de prisión y la devolución de lo gastado.

La reacción de Homs a la petición de la Fiscalía fue contundente. «El Estado me quiere inhabilitar. No pienso apartarme. Sólo me echará de la política activa la gente que nos vota o mis compañeros de partido, pero no lo hará ni la Fiscalía ni el Supremo ni el Gobierno del PP», avisó.

 

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