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La fiscalía pide reabrir la financiación ilegal del PPCV para investigar a Camps

Anticorrupción parte de la condena de la Audiencia Nacional para tratar de depurar las responsabilidades del expresidente valenciano Varios acusados, entre ellos Costa, apuntaron al exdirigente 'popular' como máximo responsable del sistema para financiar al partido

 

El expresidente valenciano Francisco Camps, a su llegada a los juzgados para declarar por el caso de la F1. - MIGUEL LORENZO

ÁNGELES VÁZQUEZ
12/07/2018

Después de que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa apuntase directamente a Francisco Camps como máximo responsable del sistema irregular de financiación instaurado en Valencia, Anticorrupción se remitió al final del juicio para determinar si se podía actuar contra el expresidente valenciano. Terminado el juicio y estudiada la sentencia, la fiscalía ha decidido solicitar al Juzgado Central de Instrucción número 5 que reabra el caso para poder investigarle, ha confirmado Fiscalía General.

Una vez que el Juzgado Central de lo Penal dio por probada la financiación ilegal del PP valenciano, como habían confesado los nueve empresarios acusados y el máximo líder a la trama corrupta, Francisco Correa, además de Costa, Anticorrupción entiende que quien presidía el partido en esa comunidad responda por su presunta responsabilidad en el sistema que se estableció.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional "quienes abonaron a Orange Market parte de los servicios" realizados al Partido Popular en Valencia "eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer donaciones al PP", y por eso lo abonaron como "supuestos servicios que había prestado Orange Market a aquellas, pero que realmente no se habían producido".

Según ha adelantado la Cadena Ser, Anticorrupción salva el escollo de la prescripción de estos hechos en lo relativo a Camps gracias al delito de malversación de caudales públicos, que prescribe a los 15 años. La financiación ilegal del PP en Valencia se produjo en 2007, por lo que aún no habría prescrito. Gracias a ello la investigación a Camps ahora de los hechos ya juzgados sería posible junto con un delito de prevaricación, que aunque tiene un plazo de prescripción inferior lo vería ampliado por el de malversación. 

La petición de Anticorrupción será ahora estudiada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruyó el caso cuando fue remitido a Madrid por los juzgados valencianos.




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