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El Gobierno prevé ilegalizar a los grupos que hagan apología del franquismo

La ministra de Justicia anuncia sanciones por no retirar simbología de la Guerra Civil y la dictadura.

 

12/07/2018

mateo balín | madrid

El Gobierno pretende introducir un mecanismo para ilegalizar aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, en implícita referencia a la Fundación Nacional Francisco Franco, una institución privada, sin ánimo de lucro, creada en 1976 y cuyo objetivo es difundir la memoria del dictador Francisco Franco.

El anuncio lo realizó ayer la ministra de Justicia Dolores Delgado en la Comisión de Justicia del Congreso, donde compareció para presentar su plan de actuación para esta «corta» legislatura.

Delgado detalló que la intención es llevar a cabo una reforma íntegra de la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las novedades normativas se declarará la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias. Se buscará impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad o «resignificar» el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la comisión de expertos en 2011.

Aquella comisión presidida por Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano concluyó que era necesario «despojar al recinto de cualquier connotación ideológica y política» y sostuvo que esto sólo será posible si en él únicamente permanecen los restos de los muertos durante la guerra, por lo que recomendó que los restos de Franco sean trasladados «al lugar que considere la familia» o a aquel «que sea considerado digno y más adecuado». En el caso de los restos de Primo de Rivera, determinaron dejarlos allí al ser asesinado durante la Guerra Civil.

La ministra también anunció la retirada de la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento por parte de las administraciones e instituciones.

La ministra no hizo este miércoles mención a una posible derogación de la Ley de Amnistía de 1976, que impide juzgar o revisar los crímenes o delitos cometidos durante la dictadura, según han justificado los tribunales en las querellas archivadas a policías o cargos públicos que pudieron cometer abusos civiles.





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