Hacienda podrá imponer recortes a las comunidades que sean intervenidas

césar calvar | madrid 28/01/2012

El Ministerio de Hacienda podrá hacer y deshacer en los presupuestos de las administraciones públicas que vulneren los objetivos de déficit hasta lograr su saneamiento. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, faculta al Ministerio de Hacienda para intervenir las comunidades autónomas y entidades territoriales que incumplan los planes de reequilibrio si en nueve meses no adoptan medidas suficientes para corregir las desviaciones.

El procedimiento elegido por el Gobierno para realizar esa intervención reserva a los entes incumplidores un tratamiento parecido al que dispensa a los países rescatados la ‘troika’ que conforman la UE, el FMI y el Banco Central Europeo. El primer correctivo será leve. Abandonar la senda de consolidación fiscal acarreará la obligación de presentar un plan económico-financiero de reequilibrio a un año, cuyo incumplimiento provocará la aprobación automática de una no disponibilidad de créditos que garantice los objetivos.

Depósito. Pero el tratamiento especial no acaba ahí. Cuando una comunidad, ayuntamiento o diputación vulnere su plan de reequilibrio también se constituirá un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal —cuyos fondos saldrán de las transferencias del Estado—, que a los seis meses se convertirá en una multa si las desviaciones persisten. De no corregirse aún así los desequilibrios, a los nueve meses Hacienda enviará una delegación a la administración incumplidora para meterla en cintura.

«La visita no será amable, es una forma de intervención», avisó el ministro de Hacienda. Para anticiparse a las probables protestas que emanarán de los ejecutivos autonómicos (cuya respuesta seguramente tampoco será amable), insistió en que esta actuación «no tiene nada que ver» con la suspensión de competencias que prevé la Constitución.

Afirmó, no obstante, que su departamento podrá cambiar el presupuesto del ente intervenido, decidir las partidas concretas en las que hay que meter la tijera e incluso imponer cambios en su política fiscal para mejorar los ingresos en aras del reequilibrio.

La actuación «consiste en poner los deberes, trabajar en paralelo y hacer los ajustes correspondientes». «Todo el ánimo y el espíritu de la ley es devolver la estabilidad a una comunidad autónoma o corporación local». «Se trata de sacar esto adelante», justificó Montoro, quien aclaró a renglón seguido que esta fórmula está concebida para «situaciones extremas que requieren políticas extremas» como las que ha habido en la zona euro.

El ministro de Hacienda desgranó la ley que desarrolla la llamada ‘regla de oro’ de estabilidad introducida el verano pasado en el artículo 135 de la Constitución.