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Interior cuenta con el respaldo legal para expulsar yihadistas

El Supremo da luz verde al destierro de radicales islámicos aunque sean absueltos.

 

08/01/2017

m. sáiz-pardo | madrid

El Ministerio del Interior por fin tiene el más alto respaldo judicial a una de sus más efectivas armas contra la yihad. Era la sentencia más esperada por los servicios antiterroristas y el Supremo les ha dado la razón. El alto tribunal avala la práctica de Interior de llevar a cabo deportaciones automáticas de radicales islámicos envueltos en investigaciones yihadistas, aunque los detenidos hayan sido absueltos o las causas contra los mismos hayan sido archivadas sin llegar siquiera a juicio. La Sala de lo Contencioso del Supremo, que da luz verde a estos destierros «administrativos» basados en la ley de extranjería, otorga la razón a la Audiencia Nacional, que en diciembre de 2015 ya había zanjado que librarse de una «imputación delictiva» no era suficiente para evitar la expulsión si hay indicios de amenaza para la «seguridad nacional».

La repercusión de esta sentencia del Supremo -según fuentes judiciales y policiales- será «importantísima», ya que Interior ha expulsado a más de un centenar de supuestos yihadistas sin condena alguna desde los atentados del 11-M de 2004. Hasta ahora, estos fallos no habían llegado al alto tribunal porque en la inmensa mayoría de los casos los deportados y sus abogados tiraban la toalla, ya que los extranjeros hacía meses, o incluso años, que estaban fuera de España y, casi siempre, ilocalizables.

Hasta que llegó el caso de la defensa del argelino Nouh Mediouni, que se empeñó y ha llegado hasta la última instancia aunque con un varapalo judicial que legaliza este tipo de prácticas. Mediouni fue detenido en abril de 2013 por la Policía acusado de ser miembro de la denominada «célula de Anghala», vinculada a Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI). Mediouni estuvo diez meses en prisión. El 4 de febrero de 2014, el juez Santiago Pedraz le puso en libertad tras archivar las diligencias contra él al entender que no había pruebas suficientes para mantener la acusación de integración, ni siquiera colaboración, en banda terrorista, ya que no se pudo confirmar que el argelino llegara a incorporarse al AQMI.

Pocos días después, el 26 de febrero, la Secretaría de Estado de Seguridad decretó la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar en diez años del magrebí recién excarcelado y residente en Zaragoza desde hacía casi una década. Su abogado recurrió ante la Audiencia Nacional la pena «administrativa» de destierro. Sin embargo, la Audiencia Nacional rebatió el 2 de diciembre del 2015 esas tesis. Ahora el Supremo ha hecho suyas al cien por cien las tesis de la Audiencia Nacional y rechaza el recurso de amparo del expulsado, sentando así jurisprudencia.

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