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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

El juez Velasco centra los interrogatorios del 'caso Lezo' en Emissao y las comisiones de OHL

Anticorrupción pide prisión incondicional para el exresponsable de Inassa. Entre los detenidos por declarar aún esperan Ignacio González y López Madrid

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID
21/04/2017

 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sigue dos líneas fundamentales en los interrogatorios que comenzó este jueves con los detenidos en la 'operación Lezo' y continúan hoy, cuando le llegará el turno al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Se trata por un lado de la compra en 2013 la filial sudamericana del Canal de Isabel II, Inassa, de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes y por otro del pago de una comisión de la constructora OHL.

Durante la mañana el magistrado sólo tomó declaración a Clarisa Guerra Soto, secretaria del exresponsable de Inassa y consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino. La primera quedó en libertad con comparecencias mensuales tras declarar ante el magistrado, mientras que Anticorrupción solicitó prisión incondicional para el segundo. La Fiscalía también pidió prisión anoche para la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmon, pero el magistrado le permitió eludirla con el pago de 4 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, Rodríguez Sobrino ha optado por contestar con detalle a las numerosas preguntas que le ha hecho el propio magistrado, antes de que le relevaran los fiscales adscritos al caso, Carmen García y Carlos Yáñez

En el auto en el que decretó prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon y de 100.000 para el exgerente de la empresa del agua Adrián Martín, que ya ha aportado a través de un aval, se cifra la malversación cometida en la compra de la brasileña en 25 millones de dólares al patrimonio público madrileño y se materializó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales". El magistrado afirma en esa resolución que tanto Richmon como Rodríguez Sobrino actuaron "en connivencia" para sobrevalorar el precio de las participaciones de Emissao.

Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El primer delito no fue utilizado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar las medidas que debían imponerse a los primeros detenidos que comparecían ante el magistrado, ya que el fiscal jefe, Manuel Moix, entendía prematuro atribuírselos ya a los detenidos en la operación Lezo. No obstante, como consta en la querella presentada por Anticorrupción en julio de 2016, el magistrado lo sigue aplicando.

Además, previsiblemente en breve la Fiscalía no será la única acusación personada en la causa. Este viernes lo han solicitado elPSOE, Podemos y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) su personación al Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado deberá decidir ahora si los acepta, algo que parece más que previsible ante las polémicas que se están produciendo en el seno de la Fiscalía Especial, donde hubo de reunirse la Junta de Fiscales para poder realizar unos registros vinculados a una operación realizada por Inassa en 2001, es decir, dos años antes de que González asumieera la gestión del Canal. 

IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN

El auto de prisión eludible con fianza detalla las principales irregularidades detectadas por los investigadores, entre ellas la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".

Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda. La compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia. El magistrado sostiene que la auditora KPMG afirmaba en un informe que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión".

COMISIÓN DE OHL

El principal imputado por el pago de una comisión de OHL al presidente madrileño, el empresario Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y yerno del fundador de la compañía Juan Miguel Villar Mir, declarará esta tarde ante el magistrado, en principio después de que lo haga Ignacio González.

Su declaración será fundamental para aclarar este extremo que vincula el caso con la financiación del PP de Madrid que ya investigaba Eloy Velasco en el caso Púnica y en el que el propio López Madrid figuraba como imputado. Sobre el pago de la comisión contestó ayer extensamente y de forma colaboradora el empresario Adrián de la Joya, uno de la treintena de imputados que ya hay en el procedimiento.

 

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