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Los plazos para organizar el referéndum del 1-O, más que ajustados

Una comparación con la consulta del 9-N muestra que muchos de los preparativos llevan retraso o simplemente no se han llevado a cabo

FIDEL MASREAL
13/08/2017

 

El mensaje del Govern y de JxSí sigue siendo que sí, que el referéndum se celebrará y que hay tiempo para llevar a cabo todos los preparativos. Pero un simple vistazo al principal precedente, el proceso participativo del 9-N del 2014, indica que algunos actos previos llevan bastante retraso.

 Artur Mas firmó el decreto de convocatoria del referéndum del 9-N el 27 de septiembre, es decir, 43 días antes de su celebración. Antes ya se había aprobado la ley de consultas no referendarias en el Parlament. Esto significa que, de seguir esta pauta, el ‘president’ Carles Puigdemont debería firmar el decreto de convocatoria del 1-O el 18 de agosto. Algo impensable porque todavía está por aprobarse la ley del referéndum en el Parlament, donde JxSí y la CUP tratarán de acortar al máximo los plazos para hacer posible la votación. Tras ella sí que podrá Puigdemont firmar el decreto de convocatoria.

Cabe recordar que inmediatamente después de la firma del decreto por parte de Mas, la vicepresidenta del Govern, entonces Joana Ortega, activó tres convenios relativos a cuestiones clave, como el registro de participación y la infraestructura de la consulta. De ello no hay nada a la vista en la actualidad. Tampoco sobre la web que se activó inmediatamente con un primer vídeo informativo.

 Otro de los elementos clave es la publicación del registro provisional de votantes. Para el referéndum inicialmente planteado del 9-N se preveía que esta publicación se hiciera el 10 de octubre, es decir un mes antes. Esto significa que los primeros días de septiembre de este 2017 se debería informar del registro. Algo que todavía no está sobre la mesa, dado que, como se ha explicado, queda por debatir y aprobar la ley marco de la consulta.

 En el 9-N los ayuntamientos tenían tiempo hasta el 10 de octubre (un mes antes de votar) para proponer a la Generalitat una relación de locales habilitados para el plebiscito. El día 12 el Govern debía publicar la lista completa. Al respecto, en la actualidad no se sabe nada sobre esta lista más allá de conocerse que los ayuntamientos del PDECat han hecho llegar ya al Govern los locales de votación, según fuentes del partido. Pero destacados municipios se oponen a ello, como Tarragona. Y otros, comenzando por Barcelona, no se han decantado todavía en uno u otro sentido. Algo que, de seguirse el cronograma del 9-N, deberían hacer como muy tarde el 2 o 3 de septiembre.

Voto anticipado

Tampoco van bien las cosas sobre el voto por correo. El 7 de octubre del 2014 (un mes y dos días antes de la consulta) expiraba el plazo para la admisión de estas peticiones, así como las del voto anticipado de los catalanes residentes en el extranjero. En esta ocasión no se saben los plazos, pero sí se conoce que el registro de votantes en el extranjero no funciona adecuadamente. El Govern puso en marcha un sistema para este registro, aunque de los más de 200.000 catalanes en el exterior, apenas se han inscrito, según los últimos datos –facilitados hace un mes aproximadamente- unos 5.000. Y el voto por internet, regulado en un proyecto de ley del Govern, todavía no es posible porque la ley sigue su curso en el Parlament, es decir, que no ha sido aprobada pese a que gozaba de un gran apoyo inicial, salvo el rechazo del PP y Ciutadans.

 Volviendo al 9-N, el 13 de octubre finalizaba el plazo para que las organizaciones interesadas en designar interventores presentaran su petición al Goven, que debería anunciar la relación de entidades autorizadas antes del día 19. Estas organizaciones tendrían también derecho a utilizar espacios públicos para hacer campaña y emitir publicidad en TV-3 y Catalunya Ràdio. Es decir, que en la actualidad el plazo para estas organizaciones finalizaría 27 días antes del 1-O, es decir a principios de septiembre.

 También con el 9-N como referencia, el 3 de octubre –más de un mes antes- el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) publicó el decreto de nombramiento de la comisión de control de la consulta, firmada por Mas en virtud de su aprobación en el Parlament con los votos de los partidos proconsulta. De ello, de la comisión de control (llamada ahora sindicatura electoral, formada por cinco expertos), no hay fecha para su entrada en funcionamiento.

 Otro preparativos del 9-N era el registro de los extranjeros comunitarios con un año de residencia y los extracomunitarios con tres años de residencia, que debían apuntarse pocos días después de la firma del decreto el 27 de septiembre. Es decir, 43 días antes. Lo cual llevaría a hacer lo mismo ahora en el mes de agosto.

 El referéndum del 9-N dio un vuelco cuando el Gobierno impugnó, a través del Constitucional, dicha convocatoria. Cuando los principales partidos –en especial ICV y ERC- dieron la espalda a Mas por parar los preparativos, finalmente el ‘president’ se sacó de la manga el proceso participativo con el que salvó los muebles y logró que hubiera urnas el 9-N. Entonces todos los plazos previstos y las garantías democráticas saltaron por los aires. Lo cierto es que en la actualidad en ningún momento Puigdemont se muestra dispuesto a devaluar el referéndum. Con lo cual los plazos con los que debería compararse son los de la convocatoria inicial del 9-N. Y la comparación no es positiva para el actual Govern, teniendo además en cuenta el parón de actividad política, gubernamental y parlamentaria de la primera quincena de agosto.

 

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