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Los políticos presos, pendientes de Grande-Marlaska para su acercamiento a cárceles catalanas

Recelo en la seguridad del Estado ante la posibilidad de perder la vigilancia de los exconsellers encarcelados Interior tiene hasta el 27 de octubre para contestar a las peticiones cambio de cárcel de Junqueras y Romeva

 

Prisión de Estremera (Madrid) donde están recluidos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull. - XABIER BARRENA

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
14/06/2018

En la mesa de Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, espera respuesta una doble solicitud de traslado a prisiones catalanas de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que está "próxima a su resolución", según fuentes no oficiales penitenciarias. Las fuentes que sí son oficiales se atienen exclusivamente a lo declarado a Onda Cero este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el sentido de que "se podría y se debería" estudiar el traslado de los políticos presos catalanes si lo autoriza la autoridad judicial, en alusión al magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena. Esas declraciones se produjeron poco antes de que, en un auto, el juez Llarena señalara que no es él quien decide el traslado de los presos.

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van en Eynde, dio trámite a las peticiones de traslado el pasado 27 de abril dirigiéndola directamente, no al juez Llarena, sino a ese departamento de prisiones dependiente del Ministerio del Interior. Instituciones Penitenciarias no ha consultado aún al juez del Tribunal Supremo sobre la convenciencia de esas solicitudes, según fuentes cercanas al caso.

El camino elegido por el letrado es, de hecho, el que han de seguir las peticiones de traslado de los internos, ya sean preventivos o condenados. El procedimiento está fijado en el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, que establece que la secretaría general "tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios", si bien el mismo artículo matiza que esa decisión la toma Interior "sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso".

El mismo reglamento establece que Instituciones Penitenciarias "ordenará los traslados correspondientes" de presos penados y no penados –los nueve políticos catalanes encarcelados son preventivos-, y en el caso de  los provisionales, "se notificarán a las autoridades a cuya disposición se encuentren". El Reglamento Penitenciario, por tanto, solo obliga a Interior a notificar al juez de instrucción. Este tiene la posibilidad de vetar movimientos solo si dañan a la investigación judicial o afectan a los derechos del preso.

El Reglamento Penitenciario no fija en este caso plazo de contestación de Instituciones Penitenciarias. Se aplica por defecto el plazo máximo de seis meses para las respuestas de la Administración, con lo que Interior tiene hasta el 27 de octubre para contestar a Junqueras y Romeva.

No hay un comité evaluador constituido para examinar las peticiones de traslado de prisión. El procedimiento habitual, señalan fuentes penitenciarias, es la consulta a los directores de los centros implicados.

La opción aragonesa
Fuentes penitenciarias indican cómo entre los funcionarios de la prisión zaragozana de Zuera ha corrido una información no confirmada de que Instituciones Penitenciarias estudia trasladar allí a los políticos catalanes presos.

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar el recelo que en Instituciones Penitenciarias y en otros ámbitos de la seguridad del Estado levanta la posibilidad de trasladarlos a Catalunya. La razón: la vigilancia de esos internos dependedería en última instancia de la Generalitat y su administración penitenciaria, con la que "no hay una buena comunicación", dicen eufemísticamente.

La opción de la cárcel aragonesa de Zuera, "en la frontera", como dicen en el entorno de los políticos encarcelados, no es aún ni siquiera tomada en cuenta por sus defensas. Su preferencia es un módulo de preventivos de las dos grandes cárceles barcelonesas de Brians. Hay un detalle que juega en contra de esa opción: el clima de tensión entre sus funcionarios y la dirección, del que ya informó EL PERIÓDICO.

Dos informes
Las solicitudes de Oriol Junqueras y de Raül Romeva serían las primeras en ser atendidas, por razón de fecha y de razones humanitarias que también alcanzan a Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn. Tener hijos menores de edad es decisivo, si bien al entorno de los encarcelados se le hace difícil considerar que unos fueran trasladados y otros no.

Las dos peticiones han sido redactadas ex profeso, pues no hay en las prisiones un formulario elaborado para estos casos. Los dos escritos señalan los derechos de los presos a estar cerca de su familia y, en pro de una buena defensa, a estar cerca del despacho de su abogado, Andreu Van den Eynde. Pero ese no es el grueso de la argumentación de las solicitudes de Junqueras y Romeva, que giran sobre todo en torno al impacto que su encarcelamiento tiene, en forma de desarraigo, en los menores afectados, dos hijos pequeños de Junqueras y dos algo más mayores del exconseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat.

El abogado Van den Eynde aportó a la solicitud dos informes en cada caso, referidos al estado anímico de las parejas -Neus Bramona la de Junqueras y Diana Rivas la de Romeva- y al estado de "acusada sensibilidad" de los menores. Estos últimos informes están realizados conforme a las observaciones recogidas en sus colegios o por sus cuidadores, donde se les ha observado a los niños una específica "sintomatología emocional y relacional".

   
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