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Rajoy afronta la crisis tras el 21-D sin llevar a cabo ningún cambio

El presidente fija la constitución del nuevo Parlamento el día 17 y apunta al 31 para la investidura.


30/12/2017

 

p. de las heras | madrid

«El año 2017 no ha sido fácil en absoluto, ha habido momentos de enorme tensión para todos y hemos vivido algo tan desestabilizador como el intento de secesión de una comunidad autónoma, pero creo que a pesar de todo hay más elementos para hacer un balance positivo», esgrimió ayer Mariano Rajoy tras el último Consejo de Ministros del año. El presidente del Gobierno se parapetó tras las cifras macroeconómicas del PIB, la creación de empleo y el superávit exterior para minimizar el golpe de las últimas elecciones catalanas que han venido a poner en cuestión su estrategia para esa comunidad.

El jefe del Ejecutivo se defendió de las críticas -las que con la boca pequeña plantean en su partido y las del resto de fuerzas políticas- con el argumento de que la victoria en escaños de los independentistas el 21 de diciembre no puede achacarse a su actuación porque no recurrió al artículo 155 de la Constitución con un propósito electoral sino para reponer el orden constitucional allí donde estaba siendo violentado.

También reiteró que, al menos, ahora ha quedado claro que España cuenta con los instrumentos constitucionales suficientes como para hacer frente a un desafío de la envergadura del planteado por la Generalitat de Carles Puigdemont; aunque evitó mencionar que el Tribunal Constitucional aún se tiene que pronunciar sobre las principales medidas aprobadas por PP, PSOE y C’s en el Senado al amparo del polémico precepto; en concreto, la destitución del Gobierno de la Generalitat y la disolución del Parlamento autonómico.

Pero lo que no analizó fue el hecho de que, después de seis años al frente del Gobierno de la Nación, en Cataluña siga habiendo dos millones de personas que apuestan por la ruptura con España. En 2016, cuando por fin pudo formar un nuevo Ejecutivo tras la repetición de las elecciones generales, Rajoy encomendó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la política territorial para tratar de encauzar ese grave problema. Y, de momento, no lo ha logrado.

Barridos

Fracasó la llamada ‘operación diálogo’ y el intento de aprovechar las buenas relaciones con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para romper la unidad de acción de Junts pel Sí (la coalición del Pdecat y Esquerra ideada en 2015 por Artur Mas). Rajoy tuvo que llegar, tras meses de tensión, donde dijo que no quería llegar, al 155. A pesar de que aún está por ver cómo evolucionan los acontecimientos, lo que los populares ya saben es que han estado a punto de ser barridos del mapa en Cataluña, y que Ciudadanos, la primera fuerza capaz de ganar en votos y escaños a los partidos secesionistas, ha fagocitado su espacio electoral .

El presidente del Gobierno también restó importancia a este último dato e insistió en que el triunfo del partido de Rivera no es extrapolable a otros lugares de España. Pero, además, por si alguien tenía dudas, dejó claro que no tiene ninguna intención de cambiar de receta. Todo lo contrario de lo que el pasado sábado le recomendó, a través de uno de los contundentes comunicados de Faes, José María Aznar.

Si el expresidente del Gobierno defendió que los resultados de los comicios catalanes evidencian la necesidad de cambiar el «equipaje estratégico, discursivo y político» y situó en la diana a Sáenz de Santamaría, Rajoy advirtió ayer de que no piensa remodelar su Ejecutivo, que ni siquiera le urge nombrar a un nuevo presidente del PP catalán (la noche de las elecciones pidió a Xavier García Albiol que de momento no se marchara) y sigue creyendo que lo mejor que se puede hacer para seducir al independentismo es «incidir en aquellas cosas que nos unen». Aseguró, igualmente, que aún espera que el próximo Gobierno de la Generalitat abra una etapa de «diálogo, negociación y multilateralidad».

Según anunció, la sesión constitutiva del nuevo Parlamento autonómico se celebrará el día 17, seis días antes de la fecha límite. Eso quiere decir que la sesión de investidura, para la que todavía no hay un candidato claro, tendría que celebrarse antes del 1 de febrero, como tope el 31 de enero. En ese plazo los partidos habrán de negociar, primero, la composición de la Mesa, que aspiran a presidir tanto Ciudadanos como los independentistas.

 

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