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CONFERENCIA DE PRESIDENTES: PANORAMA NACIONAL

Rajoy sella un acuerdo para negociar la financiación autonómica

La cumbre deja al descubierto las fricciones a cuenta de la armonización fiscal, que se prevé el principal escollo a salvar.


18/01/2017

 

efe/ colpisa | madrid

No fue tan plácida como se esperaba esta edición de la cumbre autonómica —que ahora se ha reglamentado para que haya una al año—, la segunda con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a la que se llegaba con diez acuerdos prácticamente cerrados sobre la mesa, entre ellos negociar el nuevo modelo de financiación autonómica para 2017. Unos acuerdos que quedaron un poco eclipsados por los recelos de varias comunidades —y no sólo socialistas— por las diferencias en el modelo fiscal entre territorios, con Madrid en el foco de la polémica, ya que algunas autonomías la acusan casi de hacer «dumping», es decir, competencia desleal, con su menor presión fiscal sobre los contribuyentes.

Y es que el alto grado de consenso en temas como Europa, la educación, la violencia machista o el reto demográfico no evitó los roces en la fiscalidad, que se erigió como el más peliagudo de la Conferencia y que amenaza con convertirse en uno de los principales escollos a superar en la futura negociación de la financiación autonómica.

Desde primera hora de la mañana, un tuit del PP de Madrid se había encargado de caldear el gélido ambiente casi polar con el que se encontraron en Madrid Rajoy, el Rey, los presidentes autonómicos —todos excepto Cataluña y País Vasco— y los de Ceuta y Melilla. En la cuenta del PP madrileño se colgó una imagen de la foto de familia en la que posaron todos los asistentes, en la que se veía a la presidenta andaluza, Susana Díaz, con semblante serio, y a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sonriente detrás de ella. «Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no», decía el pie de foto, lo que provocó el malestar en la delegación andaluza.

Fue precisamente Susana Díaz la primera en reclamar que en el nuevo modelo de financiación se pongan «topes» en impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, propuesta a la que se fueron sumando otros «barones» socialistas» como Javier Fernández o Guillermo Fernández Vara. Cifuentes, no obstante, defendió a capa y espada las bondades del modelo madrileño y consideró que la armonización fiscal sería un «retroceso».

Sea como sea, las quejas no cayeron en saco roto y al menos se pactó evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal. Otra cosa será si eso influye o no en el modelo que se decida.

El acuerdo sobre financiación autonómica llevó su tiempo y lo que se cerró es que el nuevo sistema esté listo antes de que acabe 2017. Para ello, en un mes se constituirá una comisión con representantes de cada comunidad. Se tendrá además en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y no sólo la población y, en este último caso, se valorará el envejecimiento, la dispersión o la ruralidad del territorio. Además, las autonomías socialistas avisaron de que no admitirán ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, en un claro aviso a navegantes.

Tras el encuentro, Rajoy señaló que en el debate de financiación no caben imposiciones, sino que se requiere un acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento. Ante ese horizonte, pidió a los presidentes autonómicos que hagan «un esfuerzo de entendimiento», y garantizó que también lo hará el Gobierno, al tiempo que dejó claro que habrá un nuevo modelo aunque Cataluña no participe.

Dentro de la reunión, a puerta cerrada, advirtió a los presidentes autonómicos de que los niveles de recaudación actuales no son los de antes de la crisis y, de hecho, hay 20.000 millones de euros menos que entonces.

Al margen de la financiación hubo más acuerdos de calado, como el relativo a la unidad de mercado, justo en medio del órdago independentista catalán. El estudio sobre la ley de dependencia y una pieza separada de sanidad en la financiación son otros de los pactos rubricados, que incluyen la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.

 

2 Comentarios
02

Por Pin. 13:34 - 18.01.2017

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¿Porque no lo hizo primero? ha tenido cinco años en que ha desoído a las CC.AA sobre todo a las que no eran de su partido.

01

Por Ciudadano 11:07 - 18.01.2017

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Teniendo en cuenta que en impuestos nos llevan el 60% de nuestro salario (5% de SS, 20% de IRPF, 20% IVA, 5% otros imp.) me pregunto cuánto derroche en cargos públicos y empleados públicos, sin incluir la corrupción, se podrían eliminar sin que se rebajase la calidad y cantidad de los servicios que recibimos. Con esta tropa nuestro nivel de vida no puede mejorar porque los recursos son dedicados a mantener a parásitos sociales.

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