Diario de León | Martes, 12 de diciembre de 2017

Opinión

La encrucijada del carbón

Julio Lago Rodríguez. Profesor titular de la Universidad de León. 27/05/2012

Los habitantes de las cuencas mineras y, por extensión, el resto de leoneses deberían tener claro cuál es el principal motivo del fin del carbón. No seamos ingenuos. No es por el oso pardo ni por el urogallo cantábrico. Ni porque Babia, Laciana o Gordón hayan sido zonas declaradas Reserva de la Biosfera. En mi opinión, las verdaderas razones del cierre anunciado no son medioambientales, sino de estricto calado económico, y más concretamente de profunda motivación energética.

Es preciso volver a recordar aspectos esenciales del sistema eléctrico español. Desde el año 2005 se le detecta un notable exceso de potencia instalada para producir kilovatios atribuible a tres hechos. Proliferación de parques eólicos, huertos solares y una masiva construcción de centrales térmicas alimentadas por gas natural.

Como resultado, España tiene hoy una capacidad de generación que duplica lo que el país es capaz de consumir incluso en horas punta. Es como si una fábrica funcionara al 50% de sus posibilidades.

Por eso, la actual crisis minera es un problema de espacio. No hay mercado para todas las fuentes de energía y es preciso poner orden en el desbarajuste creado. En esta pugna por encontrar hueco, el carbón nacional, cuya extracción requiere subvenciones, llega en clara desventaja frente a sus dos rivales más directos, el gas y el carbón extranjero, materias primas energéticas que no precisan de ayudas económicas para su uso, y que además, son las preferidas por las empresas para producir electricidad con independencia de que provengan de otros países.

Al no haber sitio para todas las centrales, si se quiere que tengan uso prioritario las plantas térmicas de carbón nacional, caso de Compostilla, La Robla y Anllares, es preciso que otras instalaciones se vean obligadas a parar o a funcionar a menor ritmo. A cambio, el Gobierno compensa a las compañías eléctricas con un dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos. Precisamente pagos de esta naturaleza fueron la exigencia de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa al Ministerio de Industria para retirar sus recursos judiciales contra el actual decreto que incentiva el empleo de carbón autóctono en detrimento de gas y mineral importado.

El fallo de planificación energética ha sido mayúsculo y se pretende que lo sufran las cuencas. La situación se agrava por el menor consumo provocado por la crisis y porque las compañías eléctricas han hecho inversiones muy fuertes en centrales de generación cuya rentabilidad, al estar poco operativas, no la tienen, ni mucho menos, asegurada. Que no engañen. Este escenario de auténtica burbuja del kilovatio es el que está detrás de la reciente normativa del año 2010 que liquida las minas españolas. Hay que hacer, sobre todo, hueco al infrautilizado gas natural.

Ahora bien, arreglar los excesos cometidos en el sector eléctrico español sacrificando el carbón leonés no puede ser a cambio de nada, que es lo que se deduce de la intención gubernamental. Si José Manuel Soria, ministro de Industria, mantiene su postura inflexible llega el momento de sacar toda la artillería política y social para decirle lo que todavía representa la industria minera en la economía leonesa pese a los duros recortes sufridos desde hace más de dos décadas.

En un breve apunte, la producción de energía genera en León una riqueza anual superior a los 1.000 millones de euros (informe Funcas). El 50% de la riqueza lograda en un año por toda la industria provincial. Un dato aleccionador para evidenciar que su cese no sólo empeoraría una posición ya crítica de las comarcas dependientes del carbón.

El perjuicio se propagaría a un territorio, a una provincia, que se está debilitando a pasos agigantados por la clausura de otro tipo de empresas, la pérdida constante de población y un alto envejecimiento de sus habitantes.

De ahí la necesidad de no aceptar cierres sin contrapartidas serias, sin el compromiso firme, tangible, del propio gobierno de España de aplicarse para atenuar una decisión política mortal para una tierra en clara situación de emergencia económica. Se aporta una idea. Comiencen por rescatar la construcción del parador nacional de turismo de Villablino.