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IMPUNIDAD EN PERÚ

Familias de víctimas de Fujimori recurrirán su indulto ante la justicia

El líder de Sendero Luminoso pide al presidente de Perú el mismo beneficio otorgado al autócrata

 

Manifestantes protestan en Lima la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar al exmandatario Alberto Fujimori. - AP / MARTÍN MEJÍA

ABEL GILBERT
27/12/2017

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de las víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos intentarán revertir en los tribunales tanto peruanos como internacionales la decisión adoptada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. La Sala Penal Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos serán en breve las instancias en las que se cuestionará el indulto y, especialmente, el derecho de gracia que clausura todos los procesos pendientes del autócrata.

El exfiscal de la Nación José Peláez Bardales consideró que el primero de los beneficios otorgados por el actual presidente peruano  estaría “medianamente sustentado” en el acta médica. Sin embargo, la otra concesión del presidente es una “violación de la Constitución” porque no se fundamentaron las motivaciones para otorgarlo. Lo mismo opinó Diego García Sayán, que fuera ministro de Justicia del Gobierno de transición que surgió a la caída de Fujimori, a finales del 2000, y luego juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alberto Fujimori permanecerá en Lima una vez que abandone la clínica en donde recibió el indulto y la gracia presidencial. “Es un hombre libre”, dijo su exabogado William Paco Castillo. Martha Moyano, una exparlamentaria cercana aseguró que permanecerá al margen de la vida política peruana. “Su estado de salud no se lo permite [volver]”, dijo, sin convencer a quienes creen que el autócrata fue arte y parte de su salida de la cárcel donde cumplía una condena de 25 años por sus responsabilidades en los asesinatos de 25 personas, perpetrados a comienzo de la década del noventa. 

Descrédito político
Las palabras “canje”, “pacto” e “intercambio de favores”, están a la orden del día y profundizan la falta de credibilidad de un sistema político en el que el primer presidente del posfujimorismo, Alejandro Toledo, y el entonces oficial del Ejército que se rebeló contra el autócrata para ser más tarde jefe de estado, Ollanta Humala, se encuentran prófugo y bajo arresto domiciliario, respectivamente, por la misma trama de corrupción por la que salió ileso el actual mandatario: las relaciones con la constructora brasileña Odebrecht.

Para el diario La República, Fujimori fue “el gran negociador de su propia liberación”. En su editorial del miércoles señaló que “no es posible pasar por agua tibia el teatro fujimorista que lleva varios años intentando engañar a los peruanos con una supuesta enfermedad terminal, las fotos arregladas y retocadas para provocar lástima, las puestas en escena con periodistas amigos, la prisión dorada a disposición de su caprichoso uso, la generosa organización penitenciaria que le permitía largas visitas, las fiestas con bandas (de músicos, claro) extranjeras, y el blindaje que para todos estos propósitos ejercieron las bancadas parlamentarias fujimoristas”. De hecho, Fujimori no fue un preso particularmente valiente sino “conocido por su pánico para encarar con entereza la consecuencia de sus actos”.

Indulto similar
Por lo pronto, Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, el líder de la guerrilla maoista Sendero Luminoso, derrotado por Fujimori en 1992, y desde entonces entre barrotes, le pidió a Kuczynski un indulto similar al que recibió 'el Chino'. El letrado recurrió a los mismos argumentos de la defensa del autócrata y de PPK: los problemas de salud del 'presidente Gonzalo', como llamaban a Guzmán, y la necesidad de reconciliación nacional.