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EL CONFLICTO SOCIAL EN ARGENTINA

Los mapuches argentinos en pie de guerra contra Benetton

La presunta usurpación de tierras por parte del empresario italianao ha levantado a la comunidad indígena que ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad

ABEL GILBERT
13/01/2017

 

La Patagonia argentina ha puesto a prueba la política del Gobierno del presidente Mauricio Macri frente a los conflictos sociales. Unos 200 gendarmes (policía fronteriza) armados con pertrechos propios de una guerra han entrado esta semana en dos oportunidades a una comunidad originaria mapuche de la provincia de Chubut, a unos 1.700 kilómetros al sur de la ciudad Buenos Aires. Sus habitantes han denunciado haber sido cercados, golpeados y blanco de disparos que dejaron al menos 15 heridos y diez detenidos.

 
La protesta ha tenido como detonador un tren de pasajeros, que hasta hace poco tenía fines estrictamente sociales y que ahora ha sido destinado al turismo. Los mapuches bloquearon el convoy  para expresar su disconformidad luego de que se llevaran a cabo negociaciones que no llevaron a ningún lugar. Pero el trasfondo del problema radica en realidad en un litigio judicial que mantiene la comunidad Cushamen con el empresario italiano Luciano Benetton por una presunta usurpación de tierras. El amo del imperio empresarial es dueño de 800.000 hectáreas en el extremo sur de este país.

ARMAS DE FUEGO


El gobernador chubutense, el peronista Mario Das Neves, ha defendido la actuación de la Gendarmería y ha dicho que sus efectivos fueron atacados con armas de fuego. Amnistía Internacional, por su lado, no ha tardado en condenar al Gobierno. “La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, ha indicado Mariela Belski.

Los organismos defensores de los derechos humanos han exigido a Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cese inmediato de esas acciones. La Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han pedido, por su parte, a las autoridades que investiguen lo que ha ocurrido.

“Los recientes hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la comunidad son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo”. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), ha asegurado sentirse avergonzada por lo que sucede. “Atacaron a personas que están defendiendo sus tierras usurpadas por las empresas extranjeras. No hay ningún país en el mundo que haga con sus tierras lo que se hace en Argentina; este Gobierno y el otro, y el anterior”, ha dicho Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora).

LA CUESTIÓN DE LAS TIERRAS


Los mapuches son una verdadera fuerza en el sur de Chile. Del otro lado de la cordillera de Los Andes, aparecen como comunidades más dispersas y sin el mismo y poderoso sentido de identidad que sus vecinos. No obstante dicen tener la razón y la historia de su lado para litigar frente a Benetton unas tierras que están en disputa desde fines del siglo XIX cuando el Estado argentino finalizó su Campaña del Desierto que derrotó militarmente a los pueblos originarios. La empresa italiana defiende la legalidad de su adquisición y acusa a los mapuches de promover incendios y robar ganado.

Horacio Verbitsky, presidente del CELS y columnista del diario 'Página 12', ha recordado que el ministerio de Seguridad no considera las reivindicaciones de los pueblos originarios un derecho constitucional “sino un delito federal y se jacta de espiarlo y reprimirlo”. Como parte de este viraje en materia de seguridad, Verbitsky ha denunciado que Bullrich ha viajado a Israel“para importar parafernalia represiva y doctrina de cómo utilizarla” y que se ha firmado un convenio con la Guardia Nacional del estado norteamericano de Georgia, sede del Comando Sur de Estados Unidos, para luchar contra el “indigenismo”, que consideran una de las nuevas amenazas regionales.

Verbitsky sostiene que los episodios de la Patagonia así como la “detención ilegal” de Milagro Sala, una dirigente social de origen indígena de la norteña provincia de Jujuy, cuyas autoridades presentan como un símbolo de la corrupción, muestran un modo diferente y peligroso de abordar los conflictos.

 

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