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LEÓN ■ TRIBUNALES

La acusación anuncia que recurrirá la prescripción de los consejeros de Caja España

El abogado asegura que la decisión del juez se basa en que Javier García Prieto era aforado en el año 2015, con lo que tendría que haber sido citado por el TSJ

 

El antiguo representante de UGT en la Caja, Miguel Ángel Fernández, y el concejal Javier García Prieto - marciano

CRISTINA FANJUL / REDACCIÓN DIGITAL
06/03/2018

Los abogados de la acusación en el caso de la refinanciación de los créditos del que fuera presidente de Caja España, Santos Llamas, han anunciado su intención de plantear un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción nº 5 de León y otro de apelación ante la Audiencia Provincial de León. Los letrados de Izquierda Unida destacan que tienen tres y cinco días respectivamente para presentar los recursos, y explican que la decisión judicial se debe a que la defensa del actual concejal Javier García Prieto solicitó la prescripción de su defendido ya que este, por entonces procurador en las Cortes de Castilla y León, era aforado, con lo que debería haber sido citado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además, Alberto López recuerda que la Audiencia Provincial ya señaló, el pasado 9 de enero de 2017, que no cabía prescripción porque los presuntos delitos se habrían estado cometiendo hasta el año 2012. Asimismo, la providencia de 6 de abril de 2015, que es la primera que cita a los investigados, es la que afirma que no han transcurrido cinco años. "El juez, sin embargo, cree que el hecho delictivo se circunscribe a 2009", destaca el abogado, que añade que se pedirá que la causa se individualice. "De acuerdo a los peritos del Banco de España , la restructuración de los créditos se produjo hasta el año 2012", añade el abogado, que añade que pedirán que se concrete quién y hasta cuándo formó parte del Consejo de Caja España que firmó la refinanciación de la deuda del constructor. 

Por su lado,Izquierda Abierta (IzAb) considera que el archivo de la causa contra los exconsejeros de Caja España es fruto de la "lamentable y desastrosa" situación en que se encuentra la justicia. Por medio de un comunicado, esta formación, como acusación particular personada en la causa, avanza que está analizando con calma el auto de cara a presentar el recurso correspondiente. "Estamos a expensas de conocer si la Fiscalía presentará también recurso", señala la formación. Añade que "no se puede comprender que se intente terminar con este proceso en base a la situación calamitosa, y lentitud, en que se encuentra la justicia". "Consideramos que un delito tan grave, con unas consecuencias tan desastrosas, no puede terminar con una auto de este estilo. A todos los efectos significaría hurtarnos la aplicación de la justicia porque la propia justicia es demasiado lenta para cumplir los plazos necesarios", agrega. Recalca que las consecuencias de las decisiones tomadas en su momento por el consejo de administración investigado se siguen sufriendo cada día. "De hecho, hemos pasado de tener una caja de ahorros a depender de un banco andaluz. La situación es lo suficientemente grave como para que las responsabilidades se juzguen. Si la causa queda aquí no se permitirá ni valorar las responsabilidades de los investigados", insiste. IzAb afirma que la ley debe ser igual para todos, "para quien ha robado una barra de pan lo mismo que para quien ha robado una parte importante del futuro de los leoneses".
"Esperamos que los nombres y las siglas afectadas por el caso no hayan facilitado tomar esta decisión, porque sería poco entendible en la calle que algunos personajes se puedan libran de la acción de la justicia por causas ajenas a la misma, o por interferencias de terceros", concluye la formación política.
El juzgado de instrucción número 5 de León ha dictado un auto por el que archiva la causa seguida contra catorce exconsejeros de la antigua CajaEspaña al considerar prescritos los delitos por los que estaban siendo investigados, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

Todos ellos eran investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por los que le imputaba un supuesto delito de administración desleal. 

   
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