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TRIBUNALES

Las alegaciones abren 2 años y medio después el juicio de Roberto Larralde

Las declaraciones de los acusados en la Audiencia se extenderán desde mañana al viernes

 

Zona de Santa Olaja donde apareció el cadáver del Roberto Larralde en septiembre de 2014. JESÚS F. SALVADORES -

23/01/2017

dl| león

La lectura de las alegaciones previas y los escritos de acusación dará salida esta tarde, a las 16,30 horas en la Audiencia Provincial de León al juicio por la muerte de Roberto Larralde, que en principio se prolongará como mínimo hasta el día 28 de febrero y que por norma general se desarrollará de lunes a jueves y solamente en sesiones matinales aunque excepcionalmente (por ejemplo esta semana) se contemplan casos de sesiones de tarde y también de viernes.

Siete personas serán juzgadas acusadas de presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. No se sentarán en el banquillo de los acusados porque, dada la peculiaridad de la causa, se realizará una disposición especial de la sala de vistas principal de la Audiencia Provincial, de tal forma que los encausados estarán ubicados junto a sus letrados.

Miriam Díez Caballero, la que fuera esposa de la víctima, se enfrenta a 23 años de cárcel si prospera la propuesta del Ministerio Fiscal, que considera que era parte del plan para acabar con la vida del padre de sus hijos. Por esa condición, añade tres años más en calidad de agravante de parentesco a los 20 años de cárcel que pide para otros cuatro sospechosos: José Ramón Vega, presunto autor material del disparo que acabó con la vida de Larralde la noche del 13 de septiembre de 2014, Julio López, el empresario leonés con el que Miriam supuestamente mantenía una relación que no podía desarrollar en toda su extensión porque aún tenía cierto contacto con el fallecido y al que el Ministerio Público considera autor intelectual del plan, Froilán Álvarez, un detective privado que había sido contratado por la esposa de Julio para investigar supuestas infidelidades del empresario y que terminó haciéndose amigo del industrial maderero y colaborando con él asesorándole sobre la mejor forma de desarrollar sus intenciones y Carlos Helí de a Red, un empleado de Julio que se encargó de meras cuestiones logísticas, todo ello, siempre según las tesis de la fiscalía.

A criterio de la acusación particular, que encarna la defensa de los intereses de la familia Larralde, también formaban parte del plan los encargados de conseguir la pistola. Adrián Martínez y Antonio Gabarri se reconocen autores de esta parte de la causa, pero con condicionantes: procuraron la pistola a Vega por unas deudas pendientes pero desconocían qué uso le iban a dar.

El Ministerio Fiscal cree en su versión y les reduce la pena que solicita a dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas. No considera el Ministerio Público que estuvieran implicados en el mismo grado que los otros acusados y por ese motivo su propuesta es proporcional.

   
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