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DENUNCIA

CSIF cifra en 14.000 los afectados por la suspensión cautelar de 3 oposiciones

Son de auxiliares administrativos, informáticos y promoción interna


25/01/2017

 

dl | redacción

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer la suspensión cautelar de tres oposiciones en la Junta de Castilla y León que suman 78 plazas y que afectan a casi 14.000 aspirantes, por lo que ha exigido explicaciones de lo ocurrido y «soluciones inmediatas».

A través de un comunicado, el sindicato se muestra «indignado» con la suspensión cautelar de tres procesos de oposiciones en la Junta publicada en el Bocyl del pasado lunes y que afecta a 13.928 solicitantes.

La suspensión afecta a 53 plazas para auxiliares administrativos, a las que se presentaban 12.246 personas; cinco para técnico de soporte informático, con 928 aspirantes; y a veinte plazas de promoción interna para administrativo, que afecta a 754 empleados públicos interesados.

CSIF considera «imprescindible» que la viceconsejera de Función Pública aclare qué ha pasado, por qué se han producido los «errores que han llevado a la suspensión de las oposiciones», y qué medidas se van a tomar para resolver el problema.

El sindicato aprovecha el comunicado para recordar que ya presentaron una queja en la Consejería de Presidencia, respecto a la convocatoria de promoción interna, el pasado 2 de diciembre en la que advertían de que «el formato, el excesivo nivel de las preguntas y el escaso tiempo dado para la realización de la prueba selectiva, podrían generar problemas en el proceso y un número insuficientes de opositores que obtengan la calificación mínima exigida para cubrir plazas». CSIF recalca que lo ocurrido «es un despropósito», y exige soluciones en el menor tiempo posible, y que se respeten los principios de mérito, igualdad y capacidad que exige la ley en el acceso a la Función Pública.

CSIF recalca que lo ocurrido «es un despropósito», y exige soluciones en el menor tiempo posible, y que se respeten los principios de mérito, igualdad y capacidad que exige la ley en el acceso a la Función Pública.

«A la Junta no debe extrañarle, por tanto, el tremendo malestar que se ha generado», señala el sindicato en la misma nota de prensa.

 

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