El juez archiva el caso de las oposiciones en la Diputación al no ver filtraciones

a. g. puente | León 23/02/2012

Una sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial notificada ayer desestima el recurso de apelación interpuesto por un grupo de opositores (aspirantes a las famosas 40 plazas de auxiliar administrativo de la Diputación) contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa de 10 de noviembre del 2010 y ratificado el 31 de enero del 2011. El fallo recurrido por este colectivo de opositores fue dictado en ese momento por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de León.

La sentencia conocida ayer confirma la resolución recurrida y ya es firme, es decir, no cabe interposición de recurso alguno. Los magistrados firmantes aseguran, además, que el fallo del pasado año «está correctamente fundado y plenamente ajustado a derecho».

La querella de los demandantes fue fundamentada en sus sospechas de que los exámenes habían sido filtrados supuestamente a familiares y personas vinculadas con el PP, partido que gobernaba en aquellos momentos la Diputación y sigue al frente actualmente. En la sentencia de la Audiencia Provincial se considera que «la sospecha que justifica la formulación de la querella y la investigación realizada en la fase de instrucción es insuficiente para proseguir el proceso penal contra ninguno de los querellados».

Apunta que no existen «indicios consistentes sobre los que pueda asentarse una acusación formal de responsabilidad criminal en su contra».

En este sentido, asegura que ni la «pretendida inducción» que se atribuye a la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, «aparece mínimamente justificada», ni llega a acreditarse qué miembro o miembros del tribunal «habrían incurrido en la filtración delictiva de los exámenes». Tampoco quiénes fueron los opositores beneficiados con la supuesta filtración denunciada por los querellantes.

Insisten en la decisión tomada en su día por el juez instructor basada «en la inexistencia de indicios sólidos sobre los que sostener una acusación fundada en derecho contra los querellados». También inciden en que no resulta penalmente relevante el hecho de que los 38 opositores que superaron la oposición, nueve tengan vínculos «político-familiares» con el PP, «pues igualmente se constata que otras tantas personas con esa misma vinculación no superaron el proceso selectivo».