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LEÓN ■ TRIBUNALES

El fracaso de la negociación por el monte San Isidro lleva a la Diputación ante el juez

Sierra Pambley considera «rídiculos» los 200.000 euros anuales durante veinte años y exige 8,6 millones de euros

 

Imagen general del extenso monte San Isidro con el complejo de San Cayetano en primer término. RAMIRO -

13/01/2018

A. G. Puente | redacción

Las malogradas negociaciones por el monte San Isidro entre Sierra Pambley y el equipo de gobierno que capitanea Juan Martínez Majo ha llevado de nuevo la pugna a los juzgados. La fundación ha reactivado la demanda civil que paralizó en su día contra la institución provincial para reclamar una indemnización por lo que considera uso indebido de estos terrenos. Las diferencias económicas entre lo que una y otra parte consideran que debe ser abonado estancaron las conversaciones. Ahora deberá ser el juez el que determine si la fundación tiene o no derecho a una indemnización y en caso afirmativo a cuánto debe ascender.

El patrono y abogado de Sierra Pambley Graciliano Palomo confirmó ayer a este periódico que la demanda civil contra la Diputación está reactivada y que ahora se encuentran a la espera de que el juez fije la fecha para la vista previa. «La cantidad que nos ofrecía la Diputación es ridícula, están cerrados en banda», reconoció. El equipo de gobierno de la institución provincial llegó a ofrecer 200.000 euros por ejercicio durante 20 años a la fundación a través de un convenio como contraprestación por los terrenos del monte San Isidro. «Con esa cantidad tardarían décadas en pagarnos todo a los que tenemos derecho», ironizó Palomo.

La discordia entre ambas partes tiene como protagonistas a las 133,47 hectáreas de este espacio. Según el contrato de venta rubricado en 1949 cuando la Diputación compró los terrenos a la fundación, la institución provincial está obligada a pagarla por usos distintos de los terrenos a los que está obligada. El documento original especificaba que este suelo debía ser destinado a fines sociales.

En los informes realizados por técnicos de una y otra parte sobre el valor de los terrenos ya aparecieron las discrepancias a la hora de valorar la superficie de terreno urbanizado y el rústico. Mientras la fundación considera que el primero asciende a 75.278 metros cuadrados (con un valor de siete millones) y el segundo suma 1.169.312 metros (1,6 millones), la Diputación cifró el suelo urbanizado en 48.425 metros cuadrados y un valor de 4,4 millones de euros (41,67 euros el metro) y el rústico en 1.196.163 metros (1,6 millones), a razón de 1,38 euros por cada uno.

Los arquitectos de Sierra Pambley mostraron su conformidad con los valores fijados por el Palacio de los Guzmanes con el metro cuadrado urbanizado y rural, «discrepan sustancialmente en la clasificación realizada». Por lo tanto, la diferencia económica entre una y otra parte asciende a casi 2,5 millones.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, remarcó ayer que han hecho a la fundación «una oferta generosa y razonable»: 200.000 euros por ejercicio durante 20 años, un total de cuatro millones. «Hemos negociado con la mejor intención y me pregunto si todos los patronos de la fundación conocen este ofrecimiento».

Matizó también que este dinero debe ser gastado por el colectivo en actividades de relevancia para la provincia. «Los ocho millones que piden son inasumibles, así que ahora lo que diga el juez lo aceptaremos. Hemos puesto toda nuestra voluntad».

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