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El Gobierno aprobó el 0,7% de los indultos solicitados

Sólo 27 de los 3.774 casos propuestos tuvieron final feliz para el recluso; la tendencia a la baja se acrecentó más en la última década.


04/01/2017

 

miguel ángel zamora | león

El Consejo de Ministros aprobó menos de una de cada cien solicitudes de indulto propuestas el año pasado, de acuerdo a los datos facilitados a este medio por el Ministerio de Justicia. En lo que va de siglo, la tendencia a la baja se ha acrecentado, especialmente desde el año 2007, el último en el que la cota de indultados rebasó el 10% de las concesiones.

La filosofía no escrita por la que se va reduciendo progresivamente la concesión de los indultos se traduce en las cifras de los últimos años. Quedan lejos ya los 521 reclusos que obtuvieron el perdón parcial o total de sus penas en el año 2007, el de mayor cuantía en términos absolutos. Por proporción, el siguiente año positivo para los reos fue 2009, cuando alcanzaron el perdón el 7,85% de los solicitantes que tramitaron la petición.

Los últimos indultados, según publicó el Boletín Oficial del Estado, fueron sido Gabriel Baños Paisano (delito contra el medio ambiente por contaminación acústica), Silvio José Ceballos (condenado a la mayor pena, de 12 años, por un delito de drogas), Ismael Carril Jiménez (salud pública), Jordi Farrés Rudilla (lesiones) y Jesús Fernández Losada (lesiones).

También Manuel García Sánchez (falsedad en documento oficial cometida por funcionario público), Juan Ángel Luengo Cantero (insolvencia punible), Manuel Ángel Luengo Márquez (insolvencia punible), José Manuel Magdaleno Hernández (estafa), Isabel Márquez Molano (insolvencia punible), Luis Miguel Ramos Llorente (falsedad en documento oficial) y Joaquín Vilarrasa Pujol (administración desleal).

Actualmente, en materia penal en León, el caso más famoso de indulto en curso de solicitud es el de Raquel Gago, condenada a 14 años de prisión como cómplice del asesinato de Isabel Carrasco. El veredicto del jurado popular que la consideró culpable habilitaba por cinco votos a favor y cuatro en contra la posibilidad de que se acogiese a esta opción, que tendrá que ser resuelta en un plazo inferior a un año.

En 2015, el Gobierno aprobó 73 indultos de las 5.758 peticiones que inspeccionó, lo que significa un 1,27 % de resoluciones positivas, una cantidad muy parecida a la del año anterior, cuando hubo 72 indultos. Las cifras se dispararon en 2013, con 190 indultos y un 2,23% de resoluciones positivas, aunque fueron mucho menores que un año antes, cuando se registraron 501, el 6,68 % de los estudiados por el Gobierno.

El año con más conmutaciones de penas dadas por el Ejecutivo en el periodo analizado (de 2001 a 2016) fue 2007, con 521, y las cifras no bajaron de 300 al año en todo el tramo comprendido entre 2004 y 2012. En 2001, 2002 y 2003, oscilaron entre 237 y 281 indultos.

En cuanto a los porcentajes de indultos concedidos en relación a los analizados por el Gobierno, entre 2001 y 2016 se registró una media del 5,16 %, que alcanzó su pico en 2007 (11,26 %) y ha registrado la cifra más baja en 2016.

La mayoría de los condenados a los que se concedió el perdón cumplían penas de entre seis meses y doce años de prisión por delitos contra el medio ambiente, lesiones, falsedad en documento oficial, estafa, administración desleal e insolvencia punible.

El indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

El indulto puede ser total o parcial. El primero, comprende la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que aún no hubiese cumplido el penado y el parcial la eliminación de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas ellas que aún no hubiese cumplido el penado.

En ningún caso el indulto comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito. El indulto de penas pecuniarias (multa) exime al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero no implica la devolución de las ya pagadas, salvo que se diga expresamente. Se exige explícitamente que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos.

 

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