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LEÓN ■ CORRUPCIÓN

Pitiusa: la red que trafica con los datos de leoneses muertos

El año pasado comenzaba el juicio para el que aún no hay sentencia

 

Cheli Uriarte es una de las afectadas - FERNANDO OTERO

CRISTINA FANJUL / LEÓN
18/05/2018

"La primera noticia nos llegó de unos periodistas de Madrid. Nos dijeron que había una red que había traficado con los datos de mi hijo con el fin de perjudicarle". La leonesa Chely González, cuyo hijo Mikel falleció hace ocho años en un accidente en el puente colgante de Bilbao, denuncia que le siguen persiguiendo después de muerto. El nombre de Mikel Uriarte aparece en el sumario de la Operación
Pitiusa, que desarticuló la mayor red de venta de datos confidenciales de España. "En el año 21012 me llaman y me dicen que el presunto cerebro de esta trama, Juan Antonio Rama, cuya esquela aparecería en El Correo el 16 de enero de 2014, había citado a Mikel —en el transcurso de una conversación telefónica grabada por la policía— con nombres y apellidos y había concertado una cita con el detective para darle toda la información que pudiera sobre él", precisa. Esta red, según informaba El Confidencial, investigó a importantes empresarios o ejecutivos, al marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, a Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, o a potentes políticos y empresarios andaluces. En las conversaciones sobre Mikel Uriarte, Juan Antonio Rama envía un SMS a Aitor y le solicita antecedentes penales de Mikel Alexander Uriarte González, con DNI... Si sale también el juzgado o el expediente, mejor»...

El año pasado comenzaba el juicio para el que aún no hay sentencia. La Fiscalía pide penas desde los cinco hasta los 595 años de cárcel para una red de funcionarios de Hacienda y agentes de la Guardia Civil que supuestamente se dedicaba a la venta de datos de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas. En la causa hay once procesados, entre ellos, al guardia civil destinado en el momento de los hechos en Álava José Manuel V. y al destinado en El Prat de Llobregat (Barcelona) Manuel R., además de al funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Barcelona Felipe M. La fiscal también señala al que era funcionario del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya Fernando María I.; al técnico de la Agencia Tributaria de la Delegación Especial en Madrid Francisco Javier A. y a los detectives privados Álvaro R., Ramon C., Aitor G., Vicente C., Cristina P., además de la pensionista María del Carmen A. por actuar como intermediaria.

Pero Mikel no tenía antecedentes penales ni nada que pudiera utilizarse en su contra. «Sin embargo, después de muerto se vulneraron sus derechos fundamentales», acusa Chely, que añade que, "siempre presuntamente" los que podrían estar interesados en desacreditar a Mikel eran la aseguradora y la concesionaria del puente colgante. Pero ¿por qué? Para saber la razón de este ensañamiento con un joven de 22 años hay que retrotraerse a septiembre de 2010, cuando el automóvil en el que viajaba hacia su casa se cayó a la ría de Bilbao desde el puente declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

«Intentaron desacreditar a Mikel desde el primer día», lamenta Chely, que deja claro que los análisis forenses demuestran que su hijo estaba limpio y había mantenido todas las medidas de seguridad al entrar en el puente. «Tres periciales distintas reflejan que el coche entró a baja velocidad», pero, a pesar de todas las pruebas, esta madre aún no ha conseguido justicia, el equilibrio reparador que el Estado debería proporcionar a sus ciudadanos. Chely González denuncia que el puente, que gestiona una concesionaria llamada Transbordador de Vizcaya S.L, no cumple con ninguna normativa de seguridad.
«Fue la adjudicataria la que quitó los pasadores de seguridad», subraya la bañezana, que precisa
además que la barrera viola los requisitos de seguridad europeos. «Tiene una altura de tan sólo 90 centímetros, la distancia entre barrotes es de 25 centímetros cuando debería ser de 15 y no hay rodapié que impida el deslizamiento del vehículo, ni pasadores de seguridad».

Así que, el coche de Mikel, aquel día de sirimiri, se deslizó al vacío, a pesar de tener el freno de mano puesto, aunque las pastillas de freno eran nuevas y él se había preocupado de cambiar las ruedas hacía pocos días. No era la primera vez que alguien moría a causa de un accidente en el puente. En 2005, un empleado del puerto perdía la vida en similares circunstancias. Se llamaba José Ignacio Mendieta Uriarte, cuyo coche se precipitó tras rebasar la barandilla. «Trataron de vender la historia de que le había dado un ataque al corazón. Era mentira»,  segura Chely. A pesar del suceso, nada cambió y pocos años después, el puente colgante ha seguido contabilizando accidentes —sin víctimas mortales— pero todo sigue igual".

La madre de Mikel insiste: "Trataron de encontrar alguna mancha para perjudicar su imagen, como así hicieron desde el primer momento del accidente". Chely González asegura que uno de los implicados, Aitor González, se negó a contestar a sus preguntas. "Rabia, dolor, impotencia por revivir de nuevo la tragedia y a la vez pensamos que es una inmoralidad traficar con los datos personales de un joven fallecido injustamente por la falta de seguridad en un patrimonio", denuncia.

Además de Mikel Uriarte, hay más leoneses investigados por la red: "Hay gente de León, de La Bañeza y de Ponferrada", asegura Chely González, que cree que habrá sentencia en tres meses.