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La Policía Nacional monta el operativo para el juicio por el crimen de Roberto

La presidenta de la Audiencia y la comisaria jefe inician las reuniones para cerrar los detalles.

 

11/01/2017

dl | redacción

La comisaria jefe provincial de León, María Marcos y la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser, han puesto en marcha una ronda de reuniones para establecer el dispositivo de seguridad requerido para la celebración del juicio por el crimen de Roberto Larralde, que se desarrollará entre los días 23 de enero y 28 de febrero, en sesiones exclusivamente matinales en principio y en jornadas de lunes a jueves, de no mediar alguna incidencia en alguna de las cinco semanas de que constará su desarrollo.

En principio, la cobertura policial del caso se realizará únicamente con personal asignado a las comisarías leonesas y no será necesario desplazar efectivos de otras provincias, según ha trascendido de los primeros detalles programados.

En cualquier caso, sí que se realizará un diseño flexible, que se adaptará a las características de la propia vista en sí. Dependiendo de quién declare cada día, se contará con más o menos efectivos, de tal forma que se vayan adecuando las necesidades del servicio a las características de la situación. En todo caso, el operativo no estará completado hasta la próxima semana.

Siete personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, para hacer frente a los cargos que pesan sobre ellos por la muerte violenta de Roberto Larralde en septiembre de 2014. El Ministerio Fiscal considera que José Ramón Vega acabó con la vida de la víctima propinándole un disparo en la nuca. Cumplía un encargo del empresario leonés Julio López, que mantenía una relación sentimental con la esposa de la víctima, Miriam Caballero, que estaba separada del fallecido a pesar de que seguían manteniendo una relación cordial.

Para llevar a cabo sus planes, siempre según la versión del Ministerio Público, se apoyó en el detective privado Froilán Álvarez. La esposa de Julio lo había contratado para indagar en una serie de infidelidades de las que sospechaba, pero terminó haciéndose amigo de Julio y trabajó para él. Contó con la colaboración de Carlos Helí de la Red, trabajador de su empresa. De proporcionar la pistola se encargaron Adrián Martínez y Antonio Gabarri, que se reconocen autores de un delito de tenencia ilícita de armas.

   
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