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LEÓN ■ TRIBUNALES

El sospechoso del crimen de Nava pide anular la prueba del pelo por la demora

 

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN
10/03/2018

La representación letrada del sospechoso del crimen de Navatejera ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de los de León en el que solicita que se dé por decaída la prueba del pelo practicada a su cliente, por entender que el hecho de que dos meses después de practicarse la extracción del bulbo capilar no haya conclusiones aún respecto a los resultados, anula la validez de la misma.

Marcos García Montes, letrado del principal investigado en la causa, alega que ha transcurrido ya «más de un mes y medio desde la extracción, tiempo más que suficiente para que se diligencie, y puesto que se realizaba con carácter urgente, y habiendo tenido que ser requerido por el juzgado al que me dirijo para que proceda a la práctica de la misma, debería tenerse a la parte actora decaída en su derecho, pues realmente lo único que parece pretender es llevar a cabo una campaña difamatoria en los medios de comunicación».

Por todo ello, se insta al juzgado leonés «puesto que el derecho de acusación no es ilimitado, en aras a evitar que citada acusación particular siga llevando a cabo el ventilador en los medios de comunicación para dinamitar el honor» del investigado.

«Se ha visto enervado el derecho a la presunción de inocencia de mi representado», dice García Montes. «Esta afirmación se fundamenta en la inexistencia de fuentes probatorias de cargo lícitas y suficientes en las que el tribunal sentenciador pueda fundamentar su fallo, tal y como se ha analizado en el motivo anterior del presente recurso, y a los que nos remitimos por razones de economía procesal».

Recuerda el letrado que un investigado «sólo podrá seguir siéndolo cuando existan serias y firmes sospechas de su participación de los hechos. Y hablamos de sospechas pues nos encontramos, en la presente causa, en la fase de instrucción, sin que aún tenga sentido de hablar de verdaderas pruebas de cargo capaces de destruir de forma suficiente el derecho a la presunción de inocencia del imputado».

El escrito explica que además del derecho a la presunción de inocencia y el principio de mínima intervención, existe también en este caso un principio de proporcionalidad que supone que debe existir un adecuado correlato entre la medida a adoptar, su significación y trascendencia y la finalidad que persigue.

«El principio de proporcionalidad se proyecta también sobre la actividad probatoria y de manera muy importante en la fase de investigación sumarial o de instrucción. En este caso la instrucción de las diligencias no ofrece dudas respecto de la falta de responsabilidad penal de mi representado, luego la medida proporcionada es la del sobreseimiento provisional».

Denuncia Montes la existencia de «una campaña de difamación de la acusación particular» ante la que se reserva las acciones «sin perjuicio de la acción de repetición ante esta prueba ordenada, prueba tormentosa e imperativa impuesta por la sala.

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