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TRIBUNALES

Varapalo de la Audiencia Provincial, que mantiene la investigación contra dirigentes de la Caja por administración desleal

Están siendo investigados los miembros del PP Martínez Maillo, Javier García-Prieto, Artemio Domínguez González, la socialista Begoña Núñez, el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo o el exalcalde de León Francisco Fernández. También Miguel Ángel Álvarez, de la UGT, y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado

DL | AGENCIAS
23/01/2017

 

La Audiencia Provincial de León ha desestimado los recursos de los investigados en el procedimiento abierto por la supuesta administración desleal de la antigua Caja España, entre otros el actual vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, por lo que las diligencias continuarán.

Entre los imputados figuran, además de Martínez Maillo, los también populares Javier García-Prieto y Artemio Domínguez González. En las filas del PSOE, están siendo investigados Begoña Núñez, el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo o el exalcalde de León Francisco Fernández.
También Miguel Ángel Álvarez, de la UGT, y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado.

Los recursos presentados por las defensas advertían en primer lugar de que la denuncia del Ministerio Fiscal debió de inadmitirse a trámite por cuanto carecía de legitimación para el ejercicio de la acción penal en este procedimiento. En segundo lugar, alegaban la prescripción del delito y también pedían la nulidad de la diligencia de ordenación de fecha 10 de junio de 2013, así como de la de la providencia de 25 de julio de 2013 por la indebida admisión de la personación de Izquierda Unida, sin exigirle la prestación de fianza.

En el quinto y último recurso las defensas de los investigados alegaban la nulidad de la ratificación de los peritos del Banco de España que había tenido lugar el día 22 de enero de 2015 al no haber sido citadas dichas defensas y resultar técnicamente inaudible las grabaciones realizadas.

Respecto a los recursos, la Audiencia reconoce la legitimación del Fiscal para presentar la denuncia inicial, y en consecuencia la pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la investigación del delito de que se trata "debe merecer un rechazo absoluto", se señala en el auto.
La Audiencia también advierte de la inexistencia de la prescripción del delito ya que "no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna".

También se deniega la petición de nulidad de la diligencia de ratificación del informe de los peritos de Banco de España el día 22 de enero de 2015, además de la grabación de dicho acto que ha sido facilitada por el Juzgado a los defensores de los investigados por considerar que resultaba inaudible en muchos espacios temporales.

En este sentido, el auto ha señalado que "ninguna indefensión se les ha ocasionado a los apelantes, ya que en aquella fecha no se habían personado como imputados en el procedimiento, y por ello no fueron citados para dicho acto. Sin embargo la expresada irregularidad procesal ha quedado del todo subsanada".

Una subsanación que se produjo tras acordar el Juzgado la citación de los peritos para el 24 de octubre de 2016, lo que se les notificó a todas las partes, si bien finalmente por acuerdo del ministerio fiscal y de todos los interesados se suspendió dicha comparecencia hasta que se resolviera el presente recurso.
Por todo ello, "ninguna indefensión ni por lo tanto nulidad puede ser acogida" por este motivo, ha apuntado en su auto la Audiencia.

Lo mismo afirma el auto de la inobservancia por parte de Izquierda Unida del requisito procesal de prestar fianza para el ejercicio que realiza de la acción popular.

El Juzgado subsanó dicha irregularidad exigiéndole una fianza de 1.200 euros que ya ha sido prestada, por lo tanto, "tampoco puede invocarse irregularidad alguna al respecto", finaliza el auto.
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 5 de León imputado a catorce integrantes del consejo de administración de Caja España en 2009.

El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia planteada por Izquierda Unida y la organización Ecologistas en Acción, que aprecian una administración desleal de los fondos de la entidad financiera que habría causado un quebranto en sus cuentas de unos 47 millones de euros, según los denunciantes.

 

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