18/04/2009 A. Caballero

león
La externalización del 49% del servicio de Aguas, prevista para el mes de septiembre, salvo una nueva esclusa ayer. El Pleno aprobó -”con el voto en contra del PP y el tercer desalojo de los miembros de la plataforma contraria-” la memoria técnica en la que se intenta razonar la medida. Un documento en el que se detallan las claves de la operación: por la cesión del porcentaje de gestión durante 25 años se ingresarán 25 millones de euros, que habrá que devolver a millón por año; se repartirán los beneficios de la sociedad mixta, que según los cálculos aportarán 32,4 millones de euros a la administración y 31,1 millones de euros para la empresa que se haga con la adjudicación; se deberá pagar el porcentaje de agua que consume el propio ayuntamiento, cerca de 11,5 millones de euros en el periodo de concesión, según los datos ofrecidos; la parte privada deberá recoger más de 8 millones de euros por un concepto denominado «Know-How» que prima su excelencia; y se garantiza que las tasas no podrán subir más allá del IPC más un punto diferencial al año.
En abundancia, la portavoz del PSOE, Natalia Rodríguez Picallo, se esforzó en remarcar que la decisión posibilitará «invertir 8,5 millones de euros en la modernización y optimización del servicio» y respaldar el factoring-confirming para el pago de 70 millones de euros de la deuda, una operación para la cual el Banco Santander exigió unos ingresor cercanos a los 50 millones de euros en este ejercicio. «Un poco de pan para hoy y mucho hambre para mañana», criticó el concejal popular Rafael Pérez Cubero; mientras el alcalde, Francisco Fernández, defendió que «independientemente del desgaste político» es su «obligación» porque «hay que pagar a los trabajadores, a los proveedores y atender los servicios públicos». «Yo no lo llevaba en mi programa, pero tampoco que había que pagar 275 millones de euros de deuda», atacó el regidor socialista a la oposición.
El PP incidió en su argumentación de que «Aguas es un buen servicio y no está obsoleto, sino en continua evolución», como demuestra «el plan de detección de fugas, el cambio de muchos metros de tuberías y el proceso de digitalización y cartografía de la red». «El resumen de todo el tocho de la memoria, que trata de justificar lo injustificable, es que la inversión que se debe hacer para que sea modélico es de 8,5 millones de euros, en los 25 años, aunque sólo 1,4 millones son lo inmediato», diferenció Pérez Cubero, quien incidió en que la cantidad total que se marca como necesaria para la modernización «es la que tenía de superávit» el área, que «ha sido descapitalizada para pagar otras cosas», gracias al sistema de caja única que tiene la administración, y que «el beneficio será nulo, ya que habrá que devolver a millón por año».
Frente a estas tesis, Rodríguez Picallo, que presentó la memoria como «un trabajo serio, riguroso y exhaustivo», recalcó que lo que hace el Ayuntamiento es «externalizar el 49% de la gestión, porque el agua sigue siendo de los ciudadanos y el Ayuntamiento se garantiza el control», como hacen «el 66% de las capitales de Castilla y León y el 65% de las localidades de España». Un sistema dentro del cual el consistorio de la capital intentará que «parte de los 3 millones de metros cúbicos de consumo municipal sea asumido por la sociedad», mientras que «la otra parte estará bonificada al 50% por la empresa».
En el cierre del debate, el alcalde se reservó la crítica a «la doble moralidad» del PP y recordó que con mandatos populares «se crearon empresas mixtas como Serfunle, la ORA, Mercaleón o Emilsa». «Aquí están sus obras», citó Fernández, antes de la aprobación del documento, ante el que se podrán presentar alegaciones durante un mes. Luego, se redactarán los pliegos, se procederá a información pública, se licitará y se adjudicará.
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