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TRIBUNA

El agravio del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

 

El agravio del Impuesto de Sucesiones y Donaciones -

LUIS HERRERO RUBINAT ABOGADO
04/03/2018

Nada más lejos de la realidad que la premisa según la cual todos los españoles tenemos los mismos derechos y deberes, con independencia del lugar donde residamos. Falso. Se acaba de conmemorar el 35 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es lo mismo que decir el 35 aniversario de la negación a los leoneses de su propia autonomía. De la no autonomía para León. Presume de ser la cuna del parlamentarismo mundial para que luego, en tu propio país, te ninguneen como pueblo diferenciado y hasta te nieguen un hueco en el mapa autonómico. ¿Todos iguales? Falso.

Hasta para morirse hay clases, o tómbola en la fiscalidad. Todo está en función del empadronamiento. De la autonomía donde tuviera su residencia el fallecido dependerá que a los familiares heredar les salga gratis o suponga una carga testimonial, o que conlleve un gravamen impositivo tal que les obligue a renunciar a la herencia. El mismo caso, la misma herencia e idéntico grado de parentesco tributará por el mismo impuesto de manera muy diferente según los territorios. Como si en lugar de ser el mismo país, se tratara de mundos dispersos o universos diferentes.

Acabamos de conocer el informe anual ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral’, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (Reaf). La comparativa que presenta del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en los diferentes territorios de España supone la constatación de unas desigualdades en las obligaciones fiscales entre españoles tan arbitrarias como estrafalarias. De agravios y agraviados, de marginaciones y marginados, de herencias que llegan íntegras a sus herederos y de herederos que tienen que renunciar a su herencia por las obligaciones tributarias con su autonomía. ¿Que todos somos iguales?: ni parecidos.

El referido informe parte del supuesto de un hijo que hereda de su padre 800.000 euros, incluida una vivienda. Castilla y León sería la comunidad autónoma en la que más tendría que pagar el heredero, tras Aragón y Asturias. De 17 autonomías, la de Valladolid es la tercera que más grava las sucesiones. Medalla de bronce. A los leoneses, gracias a la pertenencia a esta Comunidad, a la voracidad recaudatoria de su Junta autonómica y a la indolencia de todos sus grupos políticos, nos han colocado en el podio de los paganinis.

Además, se trata de la autonomía gobernada por los populares que más penaliza las sucesiones. La más voraz. Con notable diferencia respecto a la siguiente comunidad del PP en gravar el impuesto de los muertos, Galicia.

Pero lo peor son las diferencias existentes a la hora de establecer la cuota a pagar, el abismo que se abre entre otras comunidades y la más fea con la que le ha tocado bailar a León. Así, en el supuesto anterior, un heredero leonés tendría que pagar 81.018 euros, mientras que un gallego o un cántabro unos 15.000 euros, un riojano unos 3.000 euros, extremeños y madrileños en torno a 1.500 euros y un andaluz nada, cero euros. Eso significa que un leonés paga, aproximadamente, cinco veces y media más que un gallego o un cántabro, veintisiete veces más que un riojano o cincuenta y cuatro veces lo que un extremeño o un madrileño.

Tan obscena discriminación se agrava, aún más, en las sucesiones inter vivos por mor del Impuesto de Donaciones. El informe que comentamos propone un supuesto en el que el contribuyente recibe de sus padres una donación de 800.000 euros. En este supuesto la comunidad más gravosa sería Andalucía, seguida muy de cerca por Castilla y León. Los leoneses (y los castellanos) ostentamos el dudoso honor de ser plata en tributar por donaciones. Somos los segundos a los que más exprimen el bolsillo por el mero hecho de donar a nuestros hijos.

Una donación de 800.000 euros a un hijo supone, en Castilla y León, una cuota de 200.122 euros (¡un 25% de la cantidad donada!). Idéntica donación en Galicia supondría una cuota de 56.000 euros, en La Rioja de 4.000 euros y en Madrid de 2.000 euros. Un madrileño pagaría cien veces menos (¡cien veces menos!) que un leonés por recibir la misma donación de sus padres. Es la cuenta de la vieja y de la España de las desigualdades y de las diferentes varas de medir.

Nos encontramos ante una situación que no se sostiene por injusta, por absurda y por perversa. Y por las consecuencias colaterales que se derivan de ella. Como el incremento de las renuncias a las herencias. O como la fuga de empresas y la pérdida de competitividad que sufren las autonomías con una fiscalidad más confiscatoria.

Queda por ver cuánto tiempo va a durar el sopor que invade a todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Valladolid y quién será el primero que se desperece de su modorra, combata este agravio que afecta a todos los ciudadanos de la comunidad y procure cortar y reparar el daño que está provocando. A ver cuándo a alguno se le ocurre tomar nota del sistema impositivo en materia de sucesiones y donaciones que rige en otras comunidades. O a ver cuándo cambian a sus actuales dirigentes autonómicos por otros con más ganas de trabajar y, también, con más luces.

Mientras tanto cabe aconsejar a los leoneses que trasladen su lugar de residencia, por ejemplo a Madrid, a fin de prevenir el trato discriminatorio que perdura por razón de su pertenencia a esta oprobiosa autonomía. Porque, ¿alguien se va a creer que todos los españoles somos iguales, con independencia de la comunidad autónoma donde resida?

   
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