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EL CORRO

Ataque al Procurador

 

PEDRO VICENTE
08/05/2018

Confieso que me ha sorprendido, por su virulencia y extemporaneidad, la reacción del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ante una resolución del Procurador del Común, Javier Amoedo, que le ha reprochado determinada omisión en el cumplimiento de su deber municipal. El edil vallisoletano, como cualquier responsable político o funcionario público, está en su perfecto de discrepar sobre cualquier pronunciamiento del Procurador, pudiendo razonar y exponer su disentimiento a través de las alegaciones que correspondan.

Pero Óscar Puente, por otra parte profesional del Derecho, ha traspasado abruptamente los límites de esa legítima discrepancia, arremetiendo con la peor de las descalificaciones contra Amoedo, del que ha dicho que «es un cargo del Partido Popular, puesto por el PP, que está trabajando al servicio de los concejales del PP». La peor de las descalificaciones porque supone deslegitimar una institución que, lo mismo que el estamento judicial, ha de gozar de presunción de independencia política y plena autonomía en su función.

Por decirlo de forma coloquial, Puente ha meado completamente fuera del tiesto. En primer lugar, porque el Procurador del Común no es un cargo político que pueda designarlo un solo partido, ni siquiera aunque éste disponga de mayoría absoluta. Su nombramiento requiere una mayoría cualificada de tres quintos del pleno de las Cortes, lo que ha obligado siempre a los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, a consensuar el nombre de su titular. Así ocurrió con Manuel García Álvarez y así ha ocurrido con Javier Amoedo, tanto en sus designaciones iniciales como en sus respectivas reelecciones.

Es evidente que si el PSOE hubiera observado en la labor de Amoedo atisbos de tendenciosidad o sectarismo político no hubiera apoyado su continuidad. Se trata además de un fiscal de carrera habituado a someter sus actuaciones al estricto principio de legalidad. Y como no podía ser de otra forma, muchas de sus resoluciones son contrarias a la Junta, como por ejemplo la que, en aplicación de la Ley de Trasparencia, ha obligado a la consejería de Presidencia a publicar la cuantía de lo gastado en concepto de publicidad institucional.

Esta estridente salida de tono del alcalde de Valladolid ha puesto en un brete al secretario autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, quien ha tenido que hacer malabarismos y salirse por la tangente para no tener que desautorizar a su compañero de partido y a la vez no compartir su grosera descalificación de la figura del Procurador del Común. En resumen, uno de esos episodios políticos completamente gratuitos que no contribuyen ni a dignificar la vida pública ni a prestigiar las instituciones.

   
1 Comentario
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Por lerier 11:18 - 08.05.2018

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un alcalde de este alfoz, hoy tránsfuga,entonces era psoeniano, era capaz de mentir y pasarse por ahí los requerimientos del procurador en lo que respecta a las infracciones urbanísticas continuadas.son imborrables las múltiples edificaciones ilegales y su comprobación de fechas. Ahí están, el procurador sigue requiriendo cosas...supongo que por que no se diga.

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