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Baja obligada en un Gobierno que busca otro tiempo

 

14/06/2018

La sociedad limitada Almaximo Profesionales de la Imagen, de la que era único accionista y administrador Màxim Huerta, ha terminado en menos de una semana con la carrera política del ya exministro de Cultura y Deporte. Su situación era insostenible después de que se conociese que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en dos sentencias de mayo de 2017 condena a Huerta por dejar de pagar la citada cantidad correspondiente a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008 en los que habría facturado 798.521 euros. Lo llamativo de la situación ha sido la resistencia planteada para mantenerse en el cargo durante un buen número de horas, incluso con el beneplácito del presidente Pedro Sánchez que al mediodía escuchó sus explicaciones y lo ratificó en el cargo, lo que descolocó a los componentes de su Gobierno como a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que salió en defensa de su continuidad como también lo habían hecho fuentes oficiales de La Moncloa.

El problema es que intentar justificar lo injustificable tiene consecuencias. Y aquí se ha cometido un evidente error. Por un parte ha existido una falta de sinceridad por parte de Huerta al no informar a Sánchez de su notable problema fiscal. Y por parte del presidente está claro que algo ha fallado en su equipo, que está obligado a analizar al detalle el pasado de sus colaboradores nuevos para evitar ‘sorpresas’ como ésta.

Lo mejor de todo esto es que parece que la sociedad española ha reaccionado y se muestra implacable con los tramposos y doblega con contundencia a quienes intentar distorsionar los mínimos éticos y legales.