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TRIBUNA

El bluf de las medidas contra la pobreza energética y otros

Eloina Terrón Bañuelos Coordinadora Provincial de Izquierda Unida León y Concejala de San Andrés del Rabanedo
20/01/2017

 

La pobreza energética es grave en cualquier territorio. Pero en el norte, en León, no es cualquier cosa. Con hasta 10º bajo cero y sin fuentes de calor es difícil hasta ser capaz de pensar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima, en un estudio de 2011 que el 30% de las muertes adicionales que se producen en los meses fríos se puede atribuir a la mala climatización de espacios interiores. En España eso se traduce, según el estudio de ACA, en 7.200 fallecimientos cada invierno

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en 2014 hizo un estudio sobre la pobreza energética en España. Según ese informe, este tipo de pobreza ha afectado a un 17% de la población española, lo que supuso pasar de 5 millones a 7 millones de personas pobres energéticamente en el país. Y en abril de 2016 su último informe revelaba que uno de cada cinco españoles y españolas estaba en riesgo de ser «pobre energético».

En Castilla y León el 5,77% de las familias se encuentra en situación de pobreza energética.

Estos son los datos, pero realmente no reflejan el dolor, la impotencia y el sufrimiento que supone cada caso, cada familia, cada situación que tiene que hacer frente cada día, cada noche, a la falta de recursos para tener servicios de energía que puedan cubrir al menos sus necesidades básicas.

¿Qué se está haciendo en nuestro país ante esta situación? Todos los países de nuestro entorno en Europa tienen empresas públicas o semipúblicas de energía (EDF en Francia o incluso la italiana Enel, que tras su privatización el Estado italiano sigue siendo el principal accionista). Lo que les permite, si hay voluntad política, y entre otras muchas cosas, evitar la pobreza energética de raíz, legislando para prevenir que no suceda en ningún caso. Mientras, el sistema eléctrico español está completamente privatizado en manos de compañías multinacionales, españolas y extranjeras, que controlan la generación, distribución y comercialización de la electricidad y que fijan una parte del precio de la electricidad, cuando antes era potestad exclusiva del Gobierno.

En España, tras la privatización, por parte de los gobiernos del PP y del PSOE, de la compañía pública Endesa, las multinacionales han convertido nuestra electricidad en la más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Chipre, países de escasos recursos hidráulicos que tienen que importar una parte sustancial de la energía que consumen. Desde que comenzó la crisis en 2008, el recibo de la luz se ha incrementado un 60%. Y lo peor es que sigue subiendo.

Por eso podemos calificar de bluf escandaloso el reciente acuerdo exhibido públicamente entre quienes privatizaron nuestro sistema público, el PSOE y PP, que buscaban desmovilizar la crítica ciudadana contra las políticas que están dejando a una parte de la población española en la pobreza. Podríamos empezar diciendo que lo hacen tarde. Mira que han tenido tiempo de tomar estas decisiones. Incluso han estado gobernando con mayorías absolutas y no necesitaban dar cuentas ni pedir apoyos Pero es que, además, como dice la sabiduría popular, «largo lo fían». Porque dicen que será efectivo en unos tres meses. Es decir, tras el invierno.

El decreto ley establece prohibir los cortes de luz a los hogares extremadamente vulnerables. Ahora falta definir que son hogares extremadamente vulnerables cuando los datos sobre la pobreza afirman claramente que casi tres de cada diez españoles, el 28,6% de los ciudadanos y ciudadanas, se encuentra en riesgo de exclusión social, sin apenas recursos con los que pagar las necesidades básicas, según la encuesta de condiciones de vida publicada en mayo de 2016 por el INE.

Pero es que este decreto no va acabar con la pobreza energética, en cuanto a temperatura del hogar, ya que no suele ser la electricidad el sistema de calefacción más utilizado. Porque la electricidad como sistema de calefacción es casi inasumible económicamente para la mayoría de la población, puesto que tenemos la electricidad más cara de Europa. Y todavía nadie nos ha sabido explicar por qué, cuando las compañías eléctricas invierten bien poco en el mantenimiento de la red eléctrica y tienen cuantiosos beneficios. .

Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido la nacionalización del sector energético. Aunque se califique, desde la derecha y el sector neoliberal, de propuesta utópica, se puede hacer. Como se ha hecho la ‘nacionalización’ de las autopistas de peaje que tienen pérdidas. Tendremos que poner entre todos y todas entre 4.500 y 5.500 millones de euros para nacionalizarlas. Si a esto sumamos las indemnizaciones del proyecto Castor, para las que tendremos que poner 1.350,7 millones de euros y otras muchas ‘nacionalizaciones’ de las pérdidas, vemos, que cuando se quiere, se puede. Si se pueden nacionalizar las autopistas, que no dan los beneficios económicos que pretendían las concesionarias, por qué no vamos a poder nacionalizar la electricidad. Acciona vendió el 25% de la eléctrica Endesa por 11.100 millones de euros. Bastante más importante sería haber adquirido esto que comprar las autopistas de peaje quebradas.

La clave está en que si no hay un sector energético público, que es un sector estratégico para gestionar este bien común esencial y necesidad básica de la ciudadanía, no hay posibilidades de solucionar la pobreza energética realmente, ni capacidad de definir, planificar y apoyar un sector industrial que impulse la economía de un país, ya también la pequeña empresa el coste de la energía supone una carga importante.

Mientras que nuestras facturas crecen, los beneficios de las cinco compañías que monopolizan el mercado eléctrico español —Iberdrola, Gas Natural-Unión Fenosa y Endesa (controlada por la italiana Enel), la portuguesa EDP (con participación mayoritaria china y de Iberdrola), y la alemana E.On— tienen beneficios anuales que oscilan entre los 8.000 y 10.000 millones de euros. Si las eléctricas españolas adecuaran sus márgenes de beneficio (6,48%) al margen medio europeo (3,6%) eso generaría un saldo adicional de 4.000 millones anuales, más que suficientes para que no hubiera pobreza energética ninguna.

No habrá solución real mientras las multinacionales dominen con puño de hierro el sistema energético del país y este sea el sector que más puertas giratorias tiene, con gran parte de exdirigentes, exministros y expresidentes del PP y del PSOE que lo privatizaron y h ahora estan ocupando un sillón en los consejos de administración de esas compañías eléctricas. También mientras sus sueldos y los sueldos de los altos cargos dupliquen, tripliquen y multipliquen por varias decenas, el SMI y los salarios de una parte importante de la población.

Sería posible reducir drásticamente el coste del suministro eléctrico, disminuyendo de raíz las millonarias ganancias. Reducir drásticamente el precio de las facturas al coste exacto del suministro, y volcar al sistema las inversiones necesarias para modernizar, abaratar y adecuar la producción y el funcionamiento a las necesidades reales de la producción global y de la sociedad.

 

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