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Cabeza abajo

 

aquí y ahora FERMÍN BOCOS
04/03/2018

El sectarismo nubla la razón y abre las puertas al ridículo, uno de los peores registros en los que puede incurrir un político. El jueves desde Waterloo (Bélgica), Puigdemont se atrevía a pontificar acerca de lo que es y deja de ser delito. Según su parecer se puede investir presidente de la Generalitat a un preso preventivo (Jordi Sànchez) que está acusado de sedición.

El viernes, el penúltimo episodio del penoso retablo protagonizado por los separatistas está fechado en Cervera. Una población leridana de 10.000 habitantes que, durante la Guerra de Secesión (principios del siglo XVIII), optó por apoyar la causa del pretendiente Borbón frente a los partidarios del archiduque Carlos de Habsburgo. El rey Felipe V agradeció aquel apoyo ordenando la construcción de una Universidad que ha llegado hasta nuestros días y es una auténtica joya de barroco catalán.

Pues bien, tres siglos después, el actual alcalde de Cervera, Ramón Royes, parroquiano del PDeCAT (la antigua Convergencia de las sedes embargadas por delitos de corrupción) ha decidido falsear la Historia y ni corto ni perezoso ha ordenado colocar cabeza abajo el retrato de Felipe V que preside la sala de sesiones del Ayuntamiento. Un gesto de beocio que pretende borrar el papel de sus antepasados en aquella contienda. Diga lo que diga este alcalde y quienes les apoyan, por mucho que les duela, no puedan evitar la verdad histórica: Cervera fue leal a Felipe V. Decía Ernest Renan que en la base del nacionalismo está la tergiversación de la Historia y el odio a los vecinos. En ese estadio de irracionalidad se han instalado quienes han traicionado los consensos que durante la transición permitieron alumbrar la Constitución, que, por cierto fue abrumadoramente votada en Cataluña. Piden los separatistas que impulsaron el proceso de sedición y ruptura del marco constitucional que se olvide su deslealtad y los delitos cometidos durante el procés. Pretenden que los jueces y fiscales dejen en suspenso la aplicación de las leyes que les obligan a perseguir los delitos. Si así fuera, sería el Estado quien terminaría cabeza abajo. Ni un paso, pues, en esa dirección.

   
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